La iniciativa de ley general contra la extorsión, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se basa en la reforma al artículo 73 de la Constitución, publicada el 9 de octubre, que faculta al Congreso de la Unión para emitir una ley que prevenga, investigue y sancione este delito.
Así lo informó Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo federal desde Palacio Nacional, donde señaló que esta medida es parte del objetivo estratégico del gobierno de consolidar la Estrategia de Seguridad integral que incluye atención a las causas, inteligencia, investigación, respeto a los derechos humanos, coordinación interinstitucional y un nuevo marco jurídico.
La iniciativa de ley contra la extorsión tiene como objetivo que las medidas contra el delito cuenten con los mismos elementos en los niveles de gobierno. Esto tanto federativas como a nivel federal, para que sea perseguido de oficio por las autoridades. Esto para que no sea necesario de la presentación de una denuncia para su investigación.
¿En qué consiste la ley contra extorsión?
Se comprende la coordinación entre autoridades de los distintos niveles de gobierno y un tipo penal básico. Así como todas las previsiones necesarias para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal. También establece acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales, así como reglas especiales para el combate de la extorsión en centros penitenciarios.
Las penas propuestas van de seis a quince años de prisión, y se determinarán con base en una serie de agravantes, como cobro de piso. Así como cuando las víctimas son personas migrantes o menores de edad, o cuando los perpetradores son servidores públicos. Además, se tomarán medidas por ley en contra de situaciones donde la extorsión se realice desde un centro penitenciario.
Godoy Ramos resaltó que, la iniciativa eleva a categoría de ley la estrategia existente para prevenir y combatir este delito. Incluyendo el uso del número 089 para denunciar.
Finalmente, se incluyen reformas al Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esto para que el delito sea susceptible de extinción de dominio. La iniciativa de ley busca combatir, enfrentar y frenar el avance de la extorsión que ha afectado a la sociedad, requiriendo una intervención de las Fuerzas Armadas contra quienes realicen este delito.
