Luego de que la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, negará el amparo tramitado por Silvano Aureoles para evitar ser capturado, decidió impugnar la determinación. El Tribunal Colegiado en Materia Penal determinará la viabilidad.
La resolución fue emitida tras la solicitud de revisión presentada por el propio exgobernador de Michoacán, luego de que el pasado 3 de junio le fuera negado el amparo con el que buscaba evitar una eventual detención por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR acusa al exmandatario de un presunto desfalco al erario estatal por más de mil 52 millones de pesos durante su administración, específicamente en la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal. El monto representa una tercera parte del presunto daño total estimado por la autoridad federal en más de 3 mil 412 millones de pesos.
Según las investigaciones, durante el gobierno de Silvano Aureoles se habrían adquirido terrenos a sobreprecio, además de simular servicios y dejar las obras inconclusas. Una auditoría reciente, revelada por el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, sostiene que cada cuartel costó al menos cinco veces más del valor real estimado en 200 millones de pesos por unidad.
Silvano Aureoles tramita amparo para evitar prisión
La jueza Vargas Alarcón dejó sin efecto la suspensión definitiva el pasado 26 de mayo, luego de que Aureoles no cumpliera con las condiciones impuestas: pagar una garantía de 52 mil pesos y comparecer ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente. La omisión dio pie a que la FGR continúe con las diligencias para localizarlo.
El intento de amparo se había iniciado desde el 21 de abril, cuando el político michoacano buscó blindarse contra cualquier orden de aprehensión. Aunque obtuvo una suspensión provisional dos días después, esta quedó sin efecto por incumplimiento procesal.
Ahora, el caso pasará al Tribunal Colegiado, que deberá resolver si confirma, modifica o revoca la negativa de amparo. Mientras tanto, la FGR mantiene abierta la investigación y busca ejecutar una posible orden de aprehensión contra el exgobernador.