Tras la condena de seis años impuesta a Cristina Fernández por el Poder Judicial de Argentina, manifestantes marcharon hacia la Plaza de Mayo para rechazar la sentencia y la “proscripción“. Los manifestantes acusaron que el caso responde a un lawfare (guerra judicial).
El pasado 10 de junio, Cristina Fernández fue sentenciada por la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción, lo que desató que miles de personas salieran a manifestarse hacia el Congreso, lo que fue imposible debido a que este estaba resguardado por las fuerzas de seguridad de Argentina.
Las marchas se extendieron por todo el país, en las cuales participaron jubilados, estudiantes, trabajadores, dirigentes sindicales, políticos, entre otros. Destacó el caso de los Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal, quienes señalaron que este caso es de lawfare.
Además, determinaron realizar un paro de 24 horas contra la declaración de enemiga pública (proscripción) a Cristina Fernández. También participaron en la marcha.
Partido Justicialista denuncia “golpe a la democracia”
El Partido Justicialista, del cual Cristina Fernández es titular, calificó la decisión del Poder Judicial como “ajena a la democracia” y con un carácter político.
En un comunicado, la agrupación afirmó que este acto evidencia cómo “el poder económico recurre a mecanismos anticonstitucionales” para marginar al peronismo, movimiento que se presenta como alternativa política para los argentinos.
Máximo Kirchner, presidente del partido, fue más allá al señalar que el verdadero objetivo de la medida es impedir la participación política de Cristina Fernández.
El verdadero blanco de ellos siempre es el peronismo o todo lo que huela a nacional y popular.
Además de manifestaciones, mandatarios apoyan a Cristina Fernández, Argentina
Jefes de Estado, dirigentes políticos y organizaciones de América Latina y Europa expresaron su solidaridad con Cristina Fernández.
Entre las figuras que condenaron el fallo se encuentran el presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. Así como el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el colombiano Gustavo Petro.
El presidente brasileño, Lula da Silva, reveló que mantuvo contacto con Cristina Fernández de Kirchner tras la decisión judicial en su contra.
A través de una publicación en redes sociales, el mandatario destacó la “serenidad y determinación” con la que la expresidenta argentina enfrenta lo que ambos consideran una persecución política.
La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, se sumó al coro de apoyos internacionales a Cristina Fernández: “Es un asunto más político que jurídico, desde nuestro punto de vista, y tiene nuestra solidaridad”, declaró Sheinbaum.
¿Qués el lawfare?
El lawfare, conocido como “guerra judicial”, consiste en la instrumentalización del sistema de justicia con objetivos políticos.
Se trata de una estrategia que busca inhabilitar a líderes y representantes populares, particularmente aquellos que promueven proyectos de transformación social o alternativos al modelo neoliberal, mediante el uso arbitrario de procesos judiciales.
Este fenómeno se caracteriza por la utilización del aparato judicial con fines electorales, donde frecuentemente se avanzan causas sin sustento probatorio suficiente.
La persecución suele dirigirse de manera selectiva contra figuras progresistas, aplicándose medidas desproporcionadas como largas condenas penales, prolongadas prisiones preventivas o inhabilitaciones políticas sin bases jurídicas sólidas.
