Canadá cobra a plataformas digitales con sede en EU y que tienen ingresos superiores a 20 millones de dólares canadienses tendrá pagan un impuesto del 3 por ciento. En respuesta, Donald Trump y cancela negociaciones con dicha nación.
Primero, este viernes 27 de junio, el secretario de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, dio a conocer que este “arancel” se aplica desde 2024 y que tendrá que pagar, a más tardar, hasta le próximo lunes 30 de junio con retroactivo a 2022.
A manera de contestación, Donald Trump, declaró que como no se echó abajo este cobro, da por terminadas las negociaciones entre ambos países que tenían para un nuevo acuerdo comercial.
Washington ya había criticado el impuesto canadiense a los servicios digitales. El año pasado solicitó un acuerdo de solución de controversias sobre el asunto.
“Le haremos saber a Canadá el Arancel que estarán pagando para hacer negocios con Estados Unidos dentro del próximo período de siete días”, agregó, y calificó a su vecino del norte de país “muy difícil”.
Su homólogo de Canadá, Mark Carney, luego de negarse a cancelar el impuesto a plataformas de EU, dijo que para él las negociaciones siguen abiertas, al mismo tiempo que informó que aún no es notificado por Trump.
Canadá cobra impuesto a plataformas digitales con ingresos de 20 mdd de EU
Está previsto que Ottawa comience a recaudar este impuesto el 30 de junio. Va dirigido contra los gigantes tecnológicos con ingresos globales anuales superiores a mil 100 millones de dólares canadienses y con ingresos anuales en Canadá de más de 20 millones de dólares canadienses.
En otro tema, la Suprema Corte de Estados Unidos dio a Donald Trump las facultades para eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de migrantes indocumentados.
La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, por lo que ahora Trump tiene facultades para quitarla. Medios locales reportan que proximadamente 1.2 millones de bebés nacieron de padres migrantes indocumentados en dicho país.
La Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, se pronunció en contra de esta medida. lo calificó como “un revés profundo y decepcionante para las familias que ahora enfrentan una enorme incertidumbre y peligro, para los millones de personas que dependen de los tribunales para proteger sus derechos constitucionales y para el estado de derecho fundamental”.
