Les lanzan comida al suelo, les hablan con palabras altisonantes, les silban en lugar de llamar los por su nombre: es la realidad de decenas de niños migrantes que se encuentran en centros de detención familiar o cárceles de Estados Unidos (EU).
Así se relata en el reportaje realizado por la periodista y experta en archivos históricos, Laura Sánchez Ley, publicado en Milenio este 26 de junio. En él, se explica que la finalidad de estos tratados tiene su origen en la búsqueda por eliminar el Acuerdo Flores.
La periodista señala que este data de 1997 y que tiene como finalidad que todos los menores detenidos “deben ser mantenidos en instalaciones seguras y con acceso a servicios básicos”.
Fueron 90 testimonios a los cuales tuvo acceso Sánchez Ley, producto de un juicio impulsado por organizaciones sociales de dicho país, puesto que la gestión trumpista quiere eliminarlo para seguir reproduciendo estas bajezas. Todo por el discurso político desde el cual Trump convirtió a los migrantes en enemigos.
Los testimonios que conforman el reportaje pintan un panorama devastador. Niños y madres detenidos en centros migratorios describen condiciones que se asemejan más a prisiones de alta seguridad que a centros de retención familiar. Uno de los menores relató que fueron arrestados con violencia, que esposaron a su madre y los trasladaron al centro de detención de Chula Vista.
“Todavía estábamos empapados, sucios, con frío y mal olientes… Escuché a un oficial decir de nosotros: ‘Huelen a mierda’ (sic), y otro oficial respondió: ‘Son una mierda’ (sic). Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”, declara el niño.
Otro menor refiere que por romper una regla, fue encerrado durante 24 horas en su habitación: “Aquí es como una prisión –dice–, hay una pequeña ventana en la parte superior que deja entrar un poco de sol, pero eso es todo”.
Las madres, por su parte, viven con angustia permanente al presenciar maltratos incluso hacia bebés de brazos. Una joven mujer que fue enviada al centro de detención de Karnes City, Texas, tras intentar asilo en Canadá, expone que su hijo padece una enfermedad autoinmune y, pese a presentar síntomas alarmantes como hinchazón en piernas y fiebre, el personal minimizó la situación.
Acuerdo Flores
El Acuerdo Flores, pieza central en este caso, nació de la detención de la niña salvadoreña Jenny Lissete Flores en 1985. Fue arrestada sin documentos y mantenida en condiciones inadecuadas por dos meses. Una década más tarde, un litigio derivó en la firma del acuerdo, que estipula condiciones de resguardo seguras para menores detenidos, además de su liberación sin demoras innecesarias.
Niños migrantes en cárceles de EU, sin recibir atención médica
El pasado 22 de mayo, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó cancelar dicho acuerdo. Como respuesta, organizaciones civiles como el National Center for Youth Law y Raices interpusieron medidas legales, denunciando incumplimientos sistemáticos por parte de agencias como CBP en cuanto a higiene, alimentación y atención médica a menores migrantes.
Entre los casos más alarmantes se encuentra el de un menor con púrpura trombocitopénica. Su madre relata que, tras la llegada a Karnes City, sus tobillos permanecían inflamadísimos y que, a pesar de antecedentes médicos documentados, el personal restó importancia a sus síntomas. Durante varios días no recibió atención adecuada, debiendo mantener las piernas elevadas por dolor persistente.
Además, denunció que el niño mojaba la cama por miedo, episodio agravado por la ausencia de su perro de servicio. Según relata, el pequeño exclamó “Ya no puedo” tras enterarse de la deportación de un amigo brasileño con quien había creado un fuerte lazo.
Condiciones insalubres y maltrato cotidiano
Varias madres coinciden en que la comida que reciben sus hijos es inapropiada y frecuentemente en mal estado. Una señala que “siempre dan los mismos sándwiches de mortadela”. También indican que la única agua disponible proviene del grifo, provocando diarreas severas en los menores.
Además, los oficiales utilizan silbidos para ordenar a los niños, como si se tratara de animales, gesto que generó indignación entre los padres detenidos. Un niño con el brazo visiblemente roto fue ignorado durante horas por el personal médico, pese a los gritos de dolor. El retraso en su traslado a emergencias solo agravó su condición.
Murphy Harpst: un entorno sin esperanza
El reportaje también documenta casos desde el centro Murphy Harpst, en Georgia. Ahí llegan menores trasladados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una vez cumplido el límite de 72 horas en estaciones migratorias. Aunque el ORR afirma tener el objetivo de maximizar el potencial de los menores en EU, los testimonios revelan una realidad opuesta.
Un niño que llegó desde México describió cómo observó a un miembro del personal arrojar su comida al suelo para que la recogiera. Otro testigo relató que los oficiales los tratan “como si fuéramos criminales”.
El centro de detención familiar de Dilley, el más grande en Estados Unidos, también es señalado en los testimonios. Una madre narró que tras ingresar a territorio estadounidense desde México para pedir amnistía, fue trasladada junto con su familia a ese recinto sin explicación alguna.
En Dilley, comparte un contenedor con seis literas y otras tres familias. Relata que solicitó agua para preparar fórmula para su bebé, pero solo recibió instrucciones de usar el agua del grifo. Su hijo desarrolló una diarrea severa. El personal tardó tres días en proporcionarle un suéter pese a las bajas temperaturas.
Llaman a frenar los abusos contra niños migrantes en cárceles de EU
Las organizaciones que defienden los derechos de los menores afirman que la anulación del Acuerdo Flores supondría un retroceso de décadas en materia humanitaria. Por ello, han solicitado a los tribunales federales mantener vigente el acuerdo y garantizar condiciones dignas para los niños migrantes que están en cárceles de EU.
El reportaje de Laura Sánchez Ley pone rostro a una crisis humanitaria que persiste en los centros de detención familiar de Estados Unidos, en los que los menores migrantes viven en condiciones que vulneran todos los estándares internacionales de derechos humanos. Las denuncias, respaldadas por organizaciones civiles, buscan frenar una política que criminaliza la migración infantil bajo el pretexto del control fronterizo.