Parte 3 de 6
Docentes de la UPN de Puebla exigieron la realización de exámenes de oposición para la asignación de plazas en sus unidades a nivel nacional, incluyendo la de Puebla, así como un manejo transparente de las finanzas. En 2019, llega el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, quien realizó auditorías; con dos titulares en la SEP: Melitón Lozano Pérez y José Luis Sorcia Ramírez.
En ese año, la subsecretaria de Educación Superior, América Rosas Tapia, asigna la plaza 7439E921500.0823131 de tiempo completo Titular B a José Juan Rosas Tapia, su hermano, quien ahora labora en la subsede de Atlixco.

Las sedes de la unidad 211 de Puebla son ocho: Cuetzalan, Huauchinango, Zacatlán, Zacapoaxtla, Izúcar de Matamoros, Acatlán, Atlixco, San Martín Texmelucan. A finales de 2023 la matricula era de 2 mil 300 estudiantes. En la actualidad, se calcula que hay inscritos unos mil 700, por lo que hubo una disminución de 600 alumnos.
En febrero de 2021, el primer gobernador morenista de Puebla acudió al campus central de la unidad 211 de la UPN, localizada en prolongación de la 3 sur y 121 A Poniente, Fuentes de San Bartolo, al sur de la ciudad de Puebla. En las palabras que dirigió, explicó que el edificio que estaba inaugurando reponía uno que tuvo que ser demolido por fallas estructurales.
Dicha obra fue edificada por Pedro Valdez Martínez cuando fue director entre 2008 y 2011, quien –se señala– era cercano al exsecretario de Educación Pública durante el marinismo, Darío Carmona García y a los comités sindicales de la sección 23.
Se trató del edificio D, mismo que antes de los tres años presentó daños estructurales, por lo que dejó de funcionar por el riesgo para los universitarios.
En la gestión de Violeta Reyes Blanco se inhabilitó por completo, y su jefe administrativo, Vidal Moacyrt, sugirió que se realizaran rifas y actividades para recaudar fondos y levantar uno nuevo; sin embargo, profesores de la universidad propusieron hacer gestión para levantar uno nuevo.
El nuevo edificio D se construyó con recursos del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y en su inauguración, el 17 de febrero de 2021, Barbosa Huerta hizo mención de la falta de transparencia en la construcción del edificio de Pedro Valdez y lo calificó como un “monumento a la corrupción”.
Bravo y Rojas renunció en marzo de 2021 porque el gobierno del exmandatario Miguel Barbosa le inició una serie de auditorías a los recursos propios de la institución y se rehusó a dar información a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Resultados de las auditorías de Barbosa a la UPN de Puebla
De la auditoría realizada por la Función Pública, se desprende que no se dio cumplimiento de las normas del gobierno del estado para el ejercicio del gasto público de parte de Bravo y Rojas y su jefe administrativo Marco Antonio Narváez Pérez, así como de Violeta Reyes Blanco y su jefe administrativo Vidal Moacyrt, por un monto de 19 millones 496 mil 355 pesos.
Asimismo, entre las observaciones hechas por la SFP a la UPN se encontró: incumplimiento de la normatividad aplicable al funcionamiento de la universidad, inadecuado control, manejo y registro de los contratos para la adquisición de bienes y servicios, así como pagos improcedentes y falta de comprobaciones de gasto.
Las compras por medio de la banca electrónica se manejaban solo a nombre del director, no existieron firmas mancomunadas y “su mano derecha”, Marco Antonio Narváez, andaba con 20 millones en el token, producto de las inscripciones de los estudiantes y disponía libremente para comprar lo que quisiera, por lo que no pudo comprobar los gastos”.
Actualmente, Narváez Pérez se encuentra jubilado y se dice que intenta regresar a la administración del actual director Javier Mauleón Montero como Enlace de Sedes Regionales.
En el caso de la auditoría que se hizo a la SEP, se encontró la falta de supervisión de parte de la dependencia a la operación de la UPN 211, además del incumplimiento en relación a proveer de los recursos y condiciones necesarias para su operación, según el convenio.
Por auditorías, llega Felisa Ayala como directora
En marzo de 2021, tras las dos auditorías en la UPN Puebla, llega como directora Felisa Ayala Sánchez, quien recibe la universidad cerrada por indicaciones del gobernador Barbosa. Se concentra en atender las solicitudes de información de la Función Pública y en atender las observaciones preventivas que regularizaran a la universidad en su operación.
Para ello incorpora controles administrativos y contables para el uso y comprobación del gasto, de conformidad con la normatividad del gobierno del estado.
También, durante su gestión se elaboran normas para el uso de los recursos propios y un diagnóstico general de la institución que lleva a la regularización de la oferta académica de programas, que se ofertaban fuera de la modalidad.
Asimismo, como resultado de las auditorías en UPN Puebla, se empieza a atender el abandono físico en el que se encontraban las sedes regionales. Se regularizan más de 1500 títulos en rezago y de los que había múltiples quejas. Se atienden denuncias por ausentismo de profesores en sedes regionales, así como cobros indebidos por asesorías de titulación y venta de uniformes.
Había sedes regionales casi sin estudiantes y profesores que daban clases por whatsapp, entre otros problemas.
Tras auditorías en UPN Puebla, rehabilitan sedes
Ante ello, se elabora un proyecto de atención para la rehabilitación y dignificación de las sedes regionales, entre ellas, las de Cuetzalán, Zacapoaxtla, Zacatlán y Puebla, lo cual fue hecho con recursos propios.

Asimismo, durante la gestión de Ayala Sánchez se solicita a la SEP el concurso de oposición de las plazas vacantes de la unidad 211 Puebla, pero también de las 212, de Teziutlán, y 213, de Tehuacán, lo cual a su vez lo solicita a la dirección central de la UPN de Ajusco.
En enero de 2023, renuncia porque acepta ser nombrada por la exsubsecretaria de Educación Superior, Ida Gabriela Hernández García, como directora de Formación Docente de la SEP.
Queda como encargada de despacho María del Rosario Toxqui Torres, quien se había desempeñado como jefa administrativa y se encarga de llevar a cabo el plan de trabajo para atender a las sedes regionales en su mantenimiento y rehabilitación física, así como la mejoría de lo académico.
Sin embargo, estos cambios en los procesos, así como los controles implementados afectaron los intereses de grupos de la UPN, quienes iniciaron una serie de protestas para solicitar el cambio de la encargada de despacho.





