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Docentes de UPN exigieron la realización de exámenes de oposición para la asignación de plazas en la mayoría de sus sedes a nivel nacional. En el caso de la sede 211, en Puebla, denunciaron que estas plazas se han otorgado de manera discrecional a directivos, familiares y funcionarios estatales de la SEP y de la sección 23 del SNTE desde 2003, año en que se realizó el último concurso de oposición.
Esta situación ha afectado tanto a los profesores como a la calidad educativa de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Los docentes con contratos temporales, financiados con las cuotas escolares de los alumnos, son los más perjudicados, junto con los profesores de medio tiempo y de asignatura que lograron ingresar mediante exámenes de oposición previos, incluido el de 2003.
La falta de concursos de oposición también impacta a los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, quienes carecen de maestros e investigadores de calidad. Actualmente, unas 20 plazas de tiempo completo y medio tiempo han sido asignadas de manera irregular a personas vinculadas con la administración en turno. Esto ha debilitado la planta académica, ya que de los 53 profesores de tiempo completo y medio tiempo de la sede 211, solo seis realizan investigación y apenas cuatro forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conahcyt.
A pesar de que los salarios de tiempo completo titular A, B y C oscilan entre los 30 y 38 mil pesos mensuales, y con prestaciones pueden alcanzar entre 40 y 60 mil pesos, los docentes con menor categoría enfrentan condiciones precarias.
Hay alrededor de 30 profesores de medio tiempo asociados A con sueldos de 10 mil pesos mensuales, y docentes de asignatura con seis horas de clase que ganan 3 mil pesos mensuales, o con 12 horas que perciben 6 mil pesos.
Algunos tienen más de 25 años de servicio sin posibilidad de aumentar sus horas o acceder a una categoría superior debido a la falta de concursos de oposición.
Docentes de UPN piden exámenes de oposición
Además, aproximadamente 100 profesores trabajan bajo contratos temporales denominados de “convenio” o “visitantes”, sin acceso a seguridad social ni prestaciones.
Estos docentes perciben solo 100 pesos por hora clase y pueden ser removidos según las decisiones políticas en turno. Desde 2021, han solicitado formalmente la realización de exámenes de oposición ante la rectora nacional Rosa María Torres, pero la petición ha sido ignorada.
La funcionaria, cercana al exsubsecretario Luciano Concheiro Bórquez, ha argumentado que no tiene facultades para intervenir, pese a que la sede central de la UPN en la Ciudad de México es responsable de la regulación académica.
La Comisión Académica Dictaminadora debe operar
Los docentes insisten en la necesidad de reactivar la Comisión Académica Dictaminadora (CAD), integrada por académicos de prestigio de diversas instituciones, para que sean los jurados en los exámenes de oposición. Sin embargo, el último concurso de oposición en la sede central ocurrió en 2013.
Según el artículo 27 del decreto de creación de la UPN, la contratación del personal académico debe realizarse mediante un examen de oposición evaluado por la CAD. Esta obligación también está estipulada en el artículo 27 del Reglamento Interior de Trabajo de la universidad, que establece: “Para ingresar como miembro del personal académico de la Universidad, se deberá cumplir siempre con el procedimiento del concurso de oposición establecido en el decreto que la crea”.
Entrega discrecional de plazas: Docentes de UPN
A nivel estatal, en Puebla, se estima que en los últimos dos años se han otorgado más de 100 plazas de manera irregular en universidades administradas por el gobierno, como las tecnológicas, interculturales y normales. Además, circula la versión de que, con la posible desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), funcionarios estatales y representantes sindicales de las secciones 23 y 51 del SNTE podrían adjudicarse cientos de plazas sin concurso alguno.
Ante esta situación, los docentes insisten en la necesidad de garantizar un sindicalismo honesto y transparente. En el caso de la educación superior, urgen mecanismos de vigilancia que aseguren el cumplimiento de la normatividad vigente. Asimismo, proponen la creación de una ley nacional que regule el ingreso y promoción de los académicos para garantizar la calidad educativa y fortalecer la investigación científica en las universidades.
Esta es la primera parte de seis del reportaje “Docentes de UPN exigen concursos de oposición para plazas académicas”.
