Luego de múltiples quejas por la pésima alimentación que viven los reos de Puebla, recientemente se lanzó la licitación para cambiar los menús. Esto parece un pequeño acto de justicia, pues donde de por sí cuesta mucho trabajo, encima hay que sopesar tratos inhumanos como el anterior.
La emisión de una nueva licitación para proveer de alimentos a cinco penales estatales representa un paso necesario y urgente. Las denuncias acumuladas sobre las condiciones alimentarias en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) han dejado en evidencia un descuido institucional que atenta contra los derechos humanos básicos de la población privada de su libertad.
Aunque se trata de una mejora en proceso, es también un reconocimiento implícito de que lo anterior no cumplía con los estándares mínimos de dignidad.
El nuevo contrato, que busca garantizar calidad y cantidad adecuadas, estará vigente por un año y abarca los penales de Ana Miguel, Tepexi de Rodríguez, Ciudad Serdán (femenil), el Ciepa y el reclusorio para adultos. Las autoridades reconocieron que muchas de las quejas surgieron a partir de visitas recientes a estos centros, lo que da cuenta de una realidad que no puede seguirse ignorando.
La obligación del Estado no es solo la custodia, sino también la garantía de condiciones humanas dentro de los penales. La transición entre contratos y proveedores no puede ser solo administrativa, debe implicar una supervisión efectiva y constante. Que se licite nuevamente no es motivo de celebración, sino un recordatorio de que antes se falló.
Además, los municipios también tienen responsabilidad en los penales bajo su gestión. La vigilancia del abastecimiento debe ser rigurosa en todos los niveles. La mejora en los alimentos no debe ser una excepción momentánea, sino el inicio de una política penitenciaria que ponga en el centro la dignidad humana.