La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas. Días previos a este momento, emergieron en diversos puntos del país representantes de sectores con inquietudes, propuestas y hasta abierta oposición a la iniciativa de la presidenta.

Los sectores, tan diversos como sus mecanismos de acción, operaron desde el cabildeo, reuniones con funcionarios, audiencias públicas, parlamentos, manifestaciones y hasta bloqueos para manifestar sus preocupaciones respecto al texto que presentó el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Tras los diálogos, la Conagua presentó una nueva iniciativa con 50 modificaciones al texto original, tomando en consideración los señalamientos de los sectores. Sin embargo, estas modificaciones que pudieron dar cierta tranquilidad al sector empresarial, para el sector social no resultaron suficientes.

Ante ello, aquí es necesario diferenciar que en el sector social hay también una amplia diversidad de necesidades e intereses, así como vínculos con otros sectores como políticos, económicos y hasta criminales.

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En el caso de Puebla, por un lado, tuvimos a grupos de la sociedad civil organizada que presentaron propuestas puntuales para modificar la iniciativa en beneficio de las comunidades indígenas, pequeños agricultores y el ciudadano común.

En consecuencia, se espera que las propuestas que presentaron a esta última iniciativa de Conagua, ya aprobada en lo general, se retomen en las reservas que los legisladores presentarán en lo particular en el transcurso del jueves.

Por otro lado, también emergieron “líderes” que, disfrazados de agricultores, mantienen un cacicazgo en territorios puntuales de la entidad. Su interés por el agua está directamente ligado al control del territorio que pueden explotar, sea mediante las actividades agrícolas o de otro tipo.

Al respecto, impresiona tanto la forma en que mantienen su poder al presentarse como benefactores y luchadores sociales, cómo el hecho de que existen cientos de ellos enquistados en todo el territorio nacional.

Contra ello, reiteramos, las acciones no pueden ser solo por la vía de las fuerzas de seguridad, sino requiere también de una estrategia social. Restituir la gobernabilidad y la paz será un proceso largo pero también necesario que parta de entender que los ciudadanos solo piden que se les garanticen sus derechos, sean estos sociales, alimentarios o del agua.