Los colectivos Agua para Todos y Contraloría Nacional Autónoma del Agua piden la inclusión de las propuestas planteadas en los 18 parlamentos abiertos de la Ley de Aguas ya que consideran que el proyecto presentado ante la Cámara de Diputados no se incorporaron.
Así lo dieron a conocer a través de un comunicado el pasado 29 de noviembre, donde señalan que un día antes la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó al Congreso federal su propia propuesta.
En atención al acto de ilegitimidad, pidieron que los diputados del máximo órgano legislativo presenten sus reservas frente a esta moción.
Entre las críticas, esbozaron que el mencionado documento incluye un capítulo para “promover y fomentar” la privatización de las obras hidráulicas, sistemas de agua y saneamiento en general.
De acuerdo con los colectivos, impedir la privatización del recurso hídrico permitirá reducir el sobrecosto y el incumplimiento de responsabilidades de varias concesionarias. Destacaron el caso de Agua de Puebla, así como sus homólogos de Quintana Roo, Veracruz y Saltillo.
Sumado a esto, los colectivos aseguran que no hay un reconocimiento ni una sola mención en las propuestas de la Ley de Aguas respecto al derecho al agua de los pueblos y las comunidades indígenas.
Esto constituye una inconstitucionalidad, toda vez que el derecho a que los pueblos indígenas administren sus recursos aparece marcado en el artículo 2 de la Carta Magna.
Sin mecanismos contra sobreconcesionamiento ni discrecionalidad de cobros
Los colectivos prosiguen su denuncia contra la propuesta de Conagua exponiendo que no hay un mecanismo para evitar el sobreconcesionamiento.
Explican que el Fondo de Reserva del Agua tergiversa el dato de disponibilidad de agua, pues actualmente no contempla sus volúmenes en los cálculos de disponibilidad. En consecuencia, el uso de las concesionarias podría ser mayor al reportado por medio de este vacío legal.
Asimismo, acusan que mantiene la discrecionalidad de los cobros a los concesionarios, quienes hoy en día sólo cumplen con el 20 por ciento de sus obligaciones, indicaron.
Reclamaron que el artículo 13 bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales permite retirar concesiones que no se han pagado en 2 años; no obstante, no contempla casos de subrecaudación.
Por último, recordaron que una petición capital fue el reemplazo de los actuales Consejos de Cuenca, en los cuales participan únicamente representantes de los concesionarios.
En cambio, promueven la creación de consejos plurales, donde tengan voz los pueblos indígenas, los pequeños productores agropecuarios, comunidades afectadas por la contaminación, especialistas, entre otros miembros de la ciudadanía.
