En Puebla ya es ley la Amnistía. En las próximas semanas una comisión revisará las solicitudes de reos que quieran acceder a este beneficio, siempre y cuando estén dentro. Sin embargo, es necesario que esta se aplique sin dilación, prejuicios y con eficiencia.
La aprobación de esta ley representa un avance en la protección de los derechos humanos, pero su implementación evidencia las deficiencias en la operatividad de las políticas públicas. Aunque fue aprobada en octubre de 2023, la comisión encargada se integró hasta diciembre y apenas en mayo comenzará a revisar casos. Este desfase burocrático tiene un impacto real en personas privadas de la libertad por causas de exclusión y discriminación.
Es importante recalcar que la amnistía no exime de responsabilidad a quienes han cometido delitos graves. Se trata de corregir errores históricos del sistema judicial, sobre todo en perjuicio de personas indígenas, con discapacidad, en situación de pobreza o víctimas de coerción. Su correcta aplicación exige criterios claros, sin prejuicios, y procesos eficientes para no convertir la ley en una promesa vacía.
La administración estatal, encabezada por Alejandro Armenta, tiene ante sí la oportunidad de demostrar si el respeto a los derechos humanos es una prioridad real o solo un discurso. Despresurizar los penales no es solo un tema de cifras: es un asunto de justicia social.
Por ello, resulta indispensable que esta comisión actúe con celeridad, rigor y transparencia. Las personas beneficiarias no pueden seguir esperando. La deuda es con quienes han sufrido las fallas estructurales del sistema, y cada retraso prolonga la injusticia.
Aplicar la amnistía con eficiencia no es un favor, es una obligación legal y moral.
El tiempo apremia.