Tras dos años de quedar inconclusa la iniciativa para que la Secretaría de Salud de Puebla regule la operación de anexos sin permisos, propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el diputado del PT, Jorge Luis Vélez Pavía, la retomó y envió al Congreso del estado.
El pasado viernes 15 de marzo, el petista entregó la propuesta para regular los grupos de Alcohólicos Anónimos (AA), Anexos y/o Granjas. El documento fue turnado a la Comisión de Salud para su resolución.
“Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar a través de la Secretaría de Salud se obtenga el marco jurídico que se apega legalmente para regular los grupos de Alcohólicos Anónimos, Anexos y/o Granjas; entre otras acciones”
Como parte del planteamiento que hizo Vélez Pavía, señaló que en la entidad prevalece el problema de alcoholismo. Los familiares de las personas con adicciones recurren a estos centros de rehabilitación por su proximidad o fácil acceso.
“Lo que sugiere la necesidad urgente de implementar Medidas Normativas para garantizar la Calidad y la Seguridad de los servicios prestados en atención de este importante problema de salud Pública”, señaló.
Anexos funcionan sin regulación
Resaltó que actualmente estos entornos funcionan sin regularización jurídica para un buen funcionamiento para los tratantes.
“La ausencia de regularizaciones efectivas permite que estos lugares operen sin control, lo que requiere una Intervención Legislativa inmediata para proteger a los afectados y garantizar la integridad de las personas que ingresan a estos centros de rehabilitación”
Exhortó a la Secretaría de Salud para que manifieste al Congreso del estado de Puebla cuál es el marco legal que regula a los anexos.
Barbosa propone regular anexos AA
En 2022, el gobernador Miguel Barbosa Huerta entregó al Congreso del estado de Puebla una iniciativa para regular los espacios conocidos como anexos, a fin de que no se convirtieran en centros para planear delitos o albergar criminales.
Luego de que ello, reiteró la propuesta, pero con una sanción de hasta con 4 años de prisión y multa de 19 mil 244 pesos a quien operara anexos e instituciones de salud mental sin los permisos adecuados.
Además de facultar a la Secretaría de Salud (SS) para que se encargara de supervar los inmuebles.
