Los gobiernos de la 4T deben considerar a las organizaciones civiles y sociales “serias” como aliadas y trabajar en conjunto para resolver problemas sociales, como pobreza, falta de vivienda e inseguridad, así como apoyarlas en sus proyectos en beneficio de la ciudadanía.
Así coincidieron en Ángulo 7 Radio en la tercera mesa de análisis “Que sigue para las organizaciones sociales y civiles en la 4T”, Eunice Rendón Cárdenas, defensora de derechos y experta en migración, Miriam Bautista Gutiérrez, Cofundadora de Apolat Talpan Tajpianij y Marcos Hilario Cruz, presidente del Consejo Estatal de Pueblos Indígenas.
Rendón Cárdenas dijo que en la actual administración federal se retiró el apoyo dado a las organizaciones debido a que no todas eran transparentes y eso generó desconfianza de las autoridades, por lo que consideró que, en el gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se debe reevaluar ese tema.
Y es que, dijo, el financiamiento es uno de los principales retos que tienen como organizaciones y, por ello, deben recurrir al sector privado o instancias internacionales para seguir desempeñando su labor, pero si las apoyara el gobierno, se podría aprovechar su trabajo.
Refirió que son las organizaciones locales las que pueden trabajar desde sus comunidades, con lo que se generaría un círculo virtuoso, pero reiteró que deben ser “serias, comprometidas con las causas y con objetivos comunes” para que usen adecuadamente el dinero que tienen.
La coordinadora de Red Viral dijo que el apoyo debe ser transversal, es decir, desde todas las dependencias, de acuerdo a sus objetivos.
“Si el gobierno trabajara con una estrategia mejor, tendría más cercanía con las organizaciones, eso genera un círculo virtuoso, se tiene que reevaluar de cara a la entrada de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, que es más técnica y evaluadora”, expresó.
Comentó que se debe empoderar a las que son de base, no con una visión tan céntrica, sino de los poblados para fortalecer a grupos que inician, con menos poder y visibilidad, ya que hay gobiernos que no están acostumbrados a trabajar con la sociedad civil y viceversa.
Se le debe dar validez política a organizaciones
Por su parte, Miriam Bautista Gutiérrez, Cofundadora de Apolat Talpan, señaló que las organizaciones sociales, aún siguen sin ser tomadas en cuenta por parte de los gobiernos, a pesar de que éstas nacen de las necesidades que se tienen en las comunidades y la falta de respuesta.
Dijo que un objetivo que se tiene es que puedan ser consolidadas en la labor que hacen, ya que en lugar de ser vistas como coadyuvantes y como el brazo derecho de las políticas de los gobiernos, son más catalogadas como “enemigas del Estado”, lo que hace que sean invisibilizadas.
Comentó que, si el gobierno les diera la validez política que merecen y se transita de un corporativismo de estado a uno social, respetando los marcos institucionales y los derechos de las comunidades, se podría seguir con una conciliación con las autoridades.
“Vamos a seguir en la misma dinámica de Tiantianij, porque mientras no se cambie el modelo económico, seguiremos, se tuvo un descanso, pero no tranquilidad ni paz” expresó al poner de ejemplo que el colectivo que encabeza surge para la defensa del río Apulco, que cruza varias comunidades y municipios en la Sierra Norte como Cuetzalan y Xochiapulco.
Por ello, consideró que, como defensores del territorio, las autoridades deben aprender a darles la validez política, no solo partidista, porque son un sector que genera comunidad. Agregó que un reto es lograr que los municipios no solo hagan convenios o acuerdos con ellas, sino que se cumpla en la práctica y no se queda en el papel.
Hay avance en pueblos indígenas
En tanto Marcos Hilario Cruz, del Consejo Estatal Indígena, recordó que han trabajado con el gobierno federal desde el 2019 como personas de pueblos originarios para concretar diversos temas y se ha podido tener una organización, aunque se siguen teniendo pendientes.
Precisó que se tiene que empoderar a la base social y voltear los ojos de la cuarta transformación a lo que les hace falta, sobre todo porque los pueblos indígenas son los que menos acceso a los recursos tienen, además de que por muchos años “estuvieron borrados del mapa”.
Detalló que el consejo está conformado por 10 consejos regionales de las Sierras Norte, Nororiental, Negra, la Mixteca y la zona metropolitana donde hay presencia de estas comunidades, mismas que han puesto sobre la mesa temas que van relacionados con el desarrollo de los pueblos indígenas.
Por ello, confió en que con la reforma que se tiene en la Cámara de Diputado sean reconocidos como sujetos de derecho en la Constitución, con partida presupuestal enfocada a las comunidades y manejadas por ellas, pues en Puebla ya se tiene, pero “solo en el papel”.
Finalmente, indicó que se espera que con el nuevo gobierno se le pueda dar este enfoque, a la par de que están haciendo un registro de comunidades, en apoyo al Instituto de Pueblos Indígenas, para identificar las necesidades que tienen, hacer propuestas en la Junta de Gobierno y se atiendan.
