Exfuncionarios, académicos y colectivos propusieron un nuevo modelo de gestión del agua que incentive la participación ciudadana y no la simule, la cual requiere de un marco normativo que garantice un servicio transparente y de calidad para todos los poblanos.
Así lo expusieron Francisco Castillo Montemayor, exsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, y Pablo Mauricio Loreto López, consultor medioambiental, durante la presentación del libro “El Agua y su Cadena de Valor. ¿Crisis de agua o falta de eficiencia?” este viernes en la Casa del Libro “Gilberto Bosques Saldívar”.
El libro realiza un diagnostico del modelo de gestión del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) y propone suplirlo por un Sistema Operador de Aguas del Estado de Puebla.
Durante la presentación, Castillo Montemayor resaltó que tanto los sistemas operadores de agua municipales, como el estatal, deben permitir la participación ciudadana y no “simularla”. Destacó que, si las personas conocen la manera en que se gestiona actualmente el agua, tendrán las herramientas para demandar un servicio de distribución, alcantarillado y saneamiento del agua de calidad.
Por su parte, Loreto López resaltó que el actual modelo de gestión del agua es obsoleto, por lo que un nuevo modelo debe establecer una cadena de custodia del vital líquido. Esta custodia, precisó, no solo debe asegurar que “una cierta cantidad de agua llegue a los hogares”, sino que debe contabilizar sus costos reales para establecer tarifas accesibles a la población.
Gestión del agua debe incluir a ciudadanos
En el caso de la empresa Agua de Puebla, Castillo Montemayor expuso que, pese a que la concesión le permite cobrar una cuota para el saneamiento de aguas residuales, la empresa no está invirtiendo en las plantas tratadoras de agua.
Por ello, explicó, los modelos de gestión privados, que persiguen el objetivo legítimo de dotar un servicio a cambio de un pago, no corresponden cuando se trata del derecho humano al agua. En cambio, un sistema de gestión público, cuyo objetivo es obtener un beneficio social a través de la dotación de un servicio, es el más adecuado para los recursos naturales.
Al respecto, María Eugenia Ochoa García, investigadora de la BUAP y miembro de la Contraloría Social del Agua en Puebla, expuso que tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como los actuales sistemas operadores del agua son “fallidos”. Esto, debido a que no han logrado una gestión sustentable del agua y, en cambio, entregaron sus facultades a empresas privadas que tampoco han dado respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
Por ello, agregó, se requiere de un nuevo marco legal del agua y no “parches”. Subrayó que solo con una nueva Ley General de Aguas, es que se podrán alcanzar nuevos marcos jurídicos para garantizar un manejo sustentable del agua. Además, esta permitiría fortalecer la creación de contralorías sociales del agua que permitan a los ciudadanos involucrarse de manera más efectiva.
Los autores coincidieron en que el problema del agua en Puebla no es la falta del vital líquido, sino una “mala gestión política del medio ambiente” y una “administración pública deficiente”. Situación que, denunciaron, derivó en la contaminación de las cuencas y acuíferos, principalmente del río Atoyac, Alseseca y San Francisco.
Falta de plan hídrico, riesgo ambiental: investigadora
De acuerdo con Varinia López Vargas, coordinadora del posgrado en Estudios Socioterritoriales de la BUAP y comentarista del libro, la falta de un plan hídrico para el manejo de cuencas y acuíferos derivó en que los planes de desarrollo urbano de la zona metropolitana permitan construir sobre zonas de riesgo ambiental.
Por ello, en regiones como la Malinche, Flor del Bosque, la Calera y el río Atoyac, donde ahora se expande la mancha urbana, se está causando un daño ecológico que puede ser irreversible, advirtió la investigadora.