La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) determinó cerrar siete penales del interior del estado, por afectaciones por el sismo de hace 7 años y otros porque no tienen condiciones adecuadas para la reinserción social; solo en cuatro hay internos que serán reubicados a otros.
Lo anterior, se dio a conocer a través de un acuerdo publicado este lunes en el Periódico Oficial del Estado (POE), en el que se detalló que el Sistema Penitenciario de Puebla atendió a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esto, argumenta, porque la SSP tiene como misión organizar, administrar, dirigir y supervisar el sistema de centros penitenciarios, ejerciendo el control y vigilancia de las personas privadas de la libertad, para promover su reintegración social y familiar.
Además de que es la encargada de coordinar acciones tendientes a la supervisión de los mismos, velando en todo momento por el respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, para que el trato sea digno y apegado a derecho.
CNDH recomienda a SSP cerrar 7 penales en Puebla
La dependencia estatal informó que, a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 realizado por la CNDH, se identificaron aspectos relacionados con las condiciones de vida en la que se encuentran las personas en prisión preventiva y de las que cumplen una sanción de privación, en los que se incluyeron los penales de Puebla.
Dicho diagnóstico arrojó que el estado cuenta con una calificación del 5.02 en una escala del 1-10, por lo que la actual problemática se encuentra basada en la sobrepoblación, hacinamiento, alimentación, falta de personal operativo, técnico, capacitación constante, principalmente en los ceresos distritales.
Explicó que esto se debe a que dichos penales son administrados por los Municipios donde se encuentran ubicados, lo que constituye uno de los desafíos más importantes para su atención, en virtud de que provocan un impacto negativo en el proceso de reinserción social.
Reos serán trasladados a otros penales
Además de que desde la recomendación 28/2016 de la CNDH se determinó que los gobernadores y alcaldes deben gestionar los recursos presupuestales y administrativos y se destinen las acciones humanas, materiales y financieros suficientes para que los centros estatales puedan recibir a los internos que sean trasladados de las cárceles municipales.
Por ello, en el documento se hace énfasis que, en los centros de reinserción social de Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros, se decidió dejar de hacer uso por las afectaciones que registraron derivado del sismo del 19 de septiembre del 2017, aunque no se precisó desde cuándo ya no estaban funcionando.
Pero se hizo énfasis en que en su momento las personas que estaban recluidos en estos penales fueron trasladados al cereso de San Miguel, pero no se precisó cuántos eran, ni desde cuando se llevó a cabo el traslado.
Los otros ceresos que ya no serán usados son los de Tetela de Ocampo, Tecali de Herrera, Chignahuapan y Zacatlán, que tiene una población penitenciaria de 43, 18, 48 y 123 personas privadas de la libertad, respectivamente.
Ante esto, se informó que estos reclusos serán trasladados a otros penales del estado que determine la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, misma que realizará las gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos.
