La CDH emitió una recomendación general a la SSP, Segob, Fiscalía, Congreso y 29 municipios para que refuercen sus protocolos en la atención de casos de linchamiento, conformen comités de paz y sea tipificado en el Código Penal, pues se investiga como homicidio tumultuario.
En rueda de prensa, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), José Félix Cerezo Vélez, señaló que este documento no es para exhibir a alguna dependencia, ni de trata de alguna imputación, sino que son sugerencias con base a las investigaciones que realizaron.
Acompañado de Jessica Calderón García, tercera visitadora general y Mariana Durán Márquez, secretaria ejecutiva del Instituto de Investigaciones y Estudios en materia de Derechos Humanos, indicó que se analizaron más 300 casos entre intentos y consumados de enero del 2019 a junio del 2023.
Y es que, dijo, estos hechos atentan contra la vida e integridad de las personas, por lo que durante el tiempo que lleva al frente del organismo autónomo de han emitido seis recomendaciones particulares, mismas que igual fueron tomadas en cuenta para “entender el fenómeno” que se tiene en Puebla.
Cabe decir que del 2019 a junio de 2024, la Fiscalía tiene un registro de 26 linchamientos que se han consumado en Puebla, siendo el último de ellos el de Atlixco del lunes pasado; en tanto, durante este 2024 la Segob ha contabilizado 15 intentos, cifra que ha bajado en 5 años.
No se aplica de forma correcta el protocolo
El ombudsman manifestó que cada vez que se registra un linchamiento se vulneran los derechos humanos al no aplicar el protocolo que se tiene establecido en el estado, así como se detecta la omisión de brindar protección, seguridad y auxilio a las víctimas.
Si bien dijo que no es una imputación este estudio que se realizó, sí se logró determinar qué el protocolo ha sido rebasado y carece de actualización, por lo que buscan coadyuvar en la generación de políticas gubernamentales, promover cambios normativos y mejorar prácticas administrativas para prevenir este tipo de hechos.
En su turno, Durán Márquez reveló que debido a las lagunas legales que generan impunidad, la ciudad de Puebla ocupa el tercer lugar nacional, tanto de intentos de linchamiento y casos consumados, durante este periodo, sólo después Iztapalapa y Toluca.
Comentó que la cifra de 549 se obtuvo a través de una solicitud de información, en la que se reveló que el 95 por ciento quedó en intentos, y el 4.6 por ciento se consumaron, y si bien en este año se ha dado una reducción, el que siga existiendo esta problemática es de preocupación.
Agregó que los municipios que comprenden la zona metropolitana del estado, que concentra 19 demarcaciones, Puebla capital es donde mayor número se han presentado con 239 que es el 62 por ciento, después le sigue Amozoc con 29 y San Martín Texmelucan con 28; Santa Rita Tlahuapan es el único donde ha habido al menos un caso al año.
Autoridades involucradas en investigación
Mientras que Calderón García explicó que se inició el análisis derivado de los reportes en medios de comunicación, por lo que fueron 73 casos, de los cuales 19 se consumaron y solo en 13 se actuó conforme a la norma, además, 12 tuvieron lugar en juntas auxiliares o en localidades apartadas; de las víctimas por género fueron 115 hombres y cinco mujeres.
Del total, únicamente en 35 casos se activó el protocolo y en solo el 33.3 por ciento la Segob tuvo conocimiento de los linchamientos y el señalamiento de robo es la principal causa para que los cometan, aunque igual están otras como secuestro, homicidio, abuso sexual y daño en propiedad ajena.
La recomendación general 1/2024 da respuesta al expediente 6219/2023 y acumulados sobre la vulnerabilidad de los derechos humanos a la seguridad jurídica, la vida e integridad personal, por omitir brindar protección, auxilio y seguridad pública oportuna.
El documento engloba a las Secretarías de Seguridad (SSP), Gobernación (Segob), Fiscalía General del Estado (FGE) y el Congreso local, así como 29 municipios donde se tiene registro de por lo menos un caso de intento o linchamiento consumado.
Las demarcaciones son Acajete, Ajalpan, Amozoc, Atlixco, Cañada Morelos, Chiautzingo, Chignautla, Cuautlancingo, Guadalupe Victoria, Huejotzingo, Huaquechula, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Los Reyes de Juárez, Palmar de Bravo, Puebla, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan-
Además de San Pedro Cholula, San Salvador El Verde, San Salvador Huixcolotla, Santa Isabel Cholula, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepexco, Tepeyahualco, Tlacotepec de Benito Juárez y Tlahuapan.
Propuestas de mejora
Como parte de las medias a ejecutar por parte de las autoridades involucradas, la CDH propuso la actualización del protocolo de linchamientos, la implementación de campañas continuas en los 29 municipios sobre dicha norma y la Ley General del Uso de la Fuerza, dirigidos a igual a las dependencias estatales.
Implementar un programa en materia de gestión de conflictos y comunicación asertiva, con el objetivo de contar con herramientas para efectuar el diálogo efectivo con la población ante un intento de linchamiento y la creación de un registro de abarque los intentos y los consumados.
También, se debe poner en marcha una estrategia permanente de prevención para concientizar a la población en general sobre el rechazo público y social de las prácticas de llevan a hacer justicia por propia mano.
A la SSP se le pidió diseñar un manual de procedimientos que contemple la conformación de un grupo de reacción inmediata en los centros de coordinación regionales; mientras que al Congreso que legisle sobre esta conducta en el Código Penal.
La CDH estableció que los ayuntamientos deben incrementar el estado de fuerza, capacitados y equipados en las juntas auxiliares, así como se incluyan en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 metas y líneas de acción para prevenir los linchamientos de manera permanente.
Deben integrarse Comités de Paz
De igual forma, se solicita establecer Comités de Paz y Seguridad Municipal en cada demarcación involucrada, los cuales están inspirados en una figura similar a la implementada en Colombia, a fin de que tengan un espacio de escucha activa, analice la situación y riesgo de linchamiento y dé respuesta a amenazas latentes.
Estará integrado por el presidente municipal, los de las juntas auxiliares, la persona titular de Gobernación de cada ayuntamiento, de Seguridad Pública local y ciudadanos de la localidad para adquirir el papel de embajadores o mensajeros de paz, un cargo honorífico.
Se hizo énfasis en que si se propone tipificar el linchamiento en el Código Penal es para que haya penas ejemplares, pero a su vez evitar que se siga repitiendo, ya que en la mayoría son con extrema violencia con el argumento que no hay confianza en las autoridades y prefieren hacer justicia de mano propia; actualmente se investiga como homicidio tumultuario.
