La Arquidiócesis de Puebla y el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN rechazaron la aprobación del dictamen que permite despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, por lo que pide al Congreso analizar temas que sean en favor de todos.
Por separado, la autoridad católica y el partido político mostraron sus posturas a favor de la vida y señalaron que debe reconsiderase el proyecto antes de ser votado en el pleno del Congreso el próximo lunes.
“La Arquidiócesis de Puebla manifiesta su enérgico rechazo, debido a que esta práctica elimina, en cada caso, una vida plenamente humana, lo que violenta el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, el cual da sentido a los demás derechos humanos, y está por encima incluso del derecho a decidir sobre el propio cuerpo”.
En tanto, la dirigencia estatal del PAN, a cargo de Augusta Díaz de Rivera, refirió que la sociedad debe estar “plenamente informada” de la propuesta que podrá aprobarse el próximo lunes.
“Desde Acción Nacional exigimos que el tema sea reconsiderado y antes de tomar una decisión en el Pleno, se permita a los diferentes sectores sociales y a la población en general participar de esta discusión”.
Incluso, el partido de derecha afirma que hay medidas que deben considerarse antes a aprobar la despenalización del aborto.
Entre ellas, señalan el establecimiento de políticas educativas y preventivas, flexibilizar los trámites de adopción y brindar alternativas y apoyos a las mujeres embarazadas.
La dirigencia del PAN sostiene que lo que se requiere es “impulsar políticas públicas que protejan las dos vidas”.
Congreso votará este lunes sobre despenalización
Tras la aprobación de la Comisión de Procuración y Justicia para reformar el Código Penal para la despenalización el aborto en Puebla hasta las 12 semanas de gestación, el lunes 15 de julio podría aprobarse en el pleno del Congreso.
En el trabajo de la comisión, los diputados también modificaron el artículo 340 para castigar con seis meses hasta un año a quien aborte después de las 12 semanas de gestación.
Además, considera el aborto forzado como la interrupción del embarazo, en cualquier momento de la gestación, sin el consentimiento de la mujer o persona gestante.
Este hecho prevé un castigo con cuatro a ocho años de prisión; la pena será de ocho a 10 años de prisión si se aplica violencia física o moral.