Luego de que la Comisión de Procuración y Justicia aprobó con cinco votos la reforma al Código Penal para la despenalización el aborto en Puebla hasta las 12 semanas de gestación, el lunes 15 de julio se aprobaría en el pleno del Congreso del Estado.
Durante la sesión de este viernes 12 de julio, con cinco votos a favor del diputado presidente del Congreso, Eduardo Alcántara y los diputados Gerardo Hernández Rojas, Yolanda Gómez, Angélica Cervantes y Erika Patricia Valencia aprobaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Sin embargo, el diputado de Morena, Fernando Sánchez Sasia, se abstuvo al señalar que falta información para la aprobación, lo que pone en duda la práctica del aborto luego de la implementación del modelo del IMSS-Bienestar.
Durante la aprobación también modificaron el artículo 340 para que se castigue de seis meses hasta un año a quien aborte después de las 12 semanas de gestación.
En las reformas, se considera el aborto forzado como la interrupción del embarazo, en cualquier momento de la gestación, sin el consentimiento de la mujer o persona gestante, hecho que se castigará con cuatro a ocho años de prisión; la pena será de ocho a 10 años de prisión si se aplica violencia física o moral.
Como parte del dictamen, se estableció que el aborto no será sancionable cuando sea causado solo por imprudencia de la mujer o persona gestante; cuando el embarazo sea el resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida; cuando de no provocarse el aborto, la mujer o persona gestante corra peligro de muerte.
Por su parte, los diputados del PAN anticiparon su voto en contra de la despenalización el aborto en Puebla en el Pleno a través del diputado José Miguel Espinosa de los Monteros.
Cabe decir que las causales legales que permitan la interrupción del embarazo son cuando el producto derivó de una violación, cuando hay malformación o se pone en riesgo la vida de una mujer, así como para aquellas féminas que decidan realizarse la práctica.
También buscan las modificaciones a la Ley estatal de salud que pretende que el servicio se realice de manera legal en el marco de atenciones a la vida reproductiva femenina.
