El Senado de la República ratificó la extinción de siete organismos autónomos y la fusión de dos de ellos; con esto, se prevé sumar a las arcas de la Federación alrededor de 4 mil 422 millones de pesos, que se destinarán al Fondo de Pensiones del Bienestar.
El pleno del Senado aprobó la iniciativa con un total de 108 votos, 86 a favor y 42 en contra las modificaciones a los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución. Con ello, las atribuciones y obligaciones de cinco organismos autónomos pasan ahora a las secretarías federales que se encargarán de cumplimentarlas.
Además, se avaló la creación de un órgano desconcentrado que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esta medida tiene el propósito de impedir que México enfrente sanciones económicas en el marco del T-MEC.
Este nuevo organismo tendrá independencia técnica y operativa, además de contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque dependerá directamente del gobierno. De acuerdo con el dictamen, concentrará las funciones del IFT en materia de preponderancia y regulación asimétrica del sector de telecomunicaciones.
Asumirá las funciones para prevenir, investigar y combatir monopolios y concentraciones en todos los mercados. De acuerdo con las modificaciones aprobadas al artículo 28, estas funciones permitirán eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia.
¿Qué organismos autónomos van por su extinción?
Se trata de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). También desaparecen la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Con la reforma aprobada, la CNH y la CRE formarán parte de la Secretaría de Energía. Mientras, las funciones del Coneval las absorbe el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y las de Mejoredu por la Secretaría de Educación Pública. Respecto al Inai, sus atribuciones en materia de política de transparencia se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública.
Además, se cierra el paso a la inversión privada en materia de concesiones para la explotación de litio al establecer que en ningún caso tendrá prevalencia sobre la empresa pública de Estado.
El decreto se envió a las legislaturas locales para los efectos constitucionales que correspondan.