La experiencia para competir en las elecciones del Poder Judicial debe ser de al menos 10 años, ya sea como abogados litigantes o como trabajadores del mismo, ya sea federal o locales. Asimismo, no deben participar políticos, es decir, personas que hayan competido por cargos legislativos o ejecutivos de los tres niveles de gobierno.
Así opinó el abogado litigante Martín Rafael Bravo Peregrina, quien agregó que, además de la experiencia de 10 años y no 5 como actualmente se propone, no debe participar nadie que tenga antecedentes penales o múltiples denuncias penales o demandas civiles, tampoco los juzgadores que tengan quejas en los Consejos de las Judicaturas judiciales.
Consideró que los 10 años de experiencia son necesarios para garantizar que se tiene la técnica y el “expertis”, para lo cual –opinó– 5 años es “muy poco para llevar estrategias jurídicas adecuadas y buenas interpretaciones de la ley”.
Con 38 años de experiencia litigando y más de 200 amparos ganados, indicó que los Comités de Evaluación no solo deben revisar las currículas, sino también los expedientes y contestaciones de algunos de sus juicios para saber si conocen los procedimientos jurídicos y la “litis”.
“La experiencia en el litigio debe ser demostrada con copias de los juicios de amparo en los que hayan participado, para revisar sus habilidades y conocimientos en la interpretación y aplicación de la ley, además de los exámenes correspondientes (…) deberían poder participar como candidatos abogados o trabajadores judiciales de cualquier materia, pero principalmente constitucionalistas o especialistas en amparo”.
Reiteró que no debe competir –para ser juzgador o formar parte de los Comités de Evaluación– ninguna persona que haya buscado –de acuerdo a los registros de los Institutos Electorales federal y estatales– algún cargo legislativo o ejecutivo de los tres niveles de gobierno, porque podría parcializarse aún más la justicia.
Bravo Peregrina indicó que en el Sexto Circuito Judicial federal de Puebla, los juzgadores tienen vicios, como el “nepotismo, vender la justicia y otorgar sentencias de acuerdo a peticiones de políticos (…) Se hacen exámenes de oposición, pero los puestos ya están dados por dedazo (…) Hay una forma de operación viciada, donde quien entra, se acomoda, aunque también hay gente homesta que trata de hacer las cosas bien, pero cuando le piden acomodar alguna sentencia, lo hace para no tener problemas en su trabajo”.
Comités de evaluación de elección judicial
Dijo que esta forma de operación no es exclusiva del Poder Judicial federal, sino también se lleva a cabo en el fuero común o locales, por lo que también requieren cambios.
“En los Comités de Evaluación menos debe haber la participación de políticos y ello se debe corroborar con los Institutos electorales federal y estatales (…) Si algún postulante concursó por algún cargo político, se debe eliminar de la lista”.
Opinó que sí es necesario un cambio estructural, pero teniendo candados para no permitir la politización de los cargos, lo cual se podría lograr garantizando Comités de Evaluación rigurosos, técnicos y honestos.
Asimismo, eliminar a los proponentes que tengan múltiples quejas, denuncias o demandas, tanto en el Consejo de la Judicatura como en alguna Fiscalía, pues “independientemente de si hay sentencias o no, es que algo hicieron o hacen mal”.
“Hay abogados litigantes o trabajadores del Poder Judicial que tienen decenas de denuncias, demandas o quejas y no pasa nada, duermen el sueño de los justos”.
Señaló que el Poder Judicial de la Federación “se echó a perder” cuando al inicio del sexenio del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León se determinó destituir a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se nombraron nuevos.
Bravo Peregrina añadió que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, confesó que actualmente de los 44 mil 432 trabajadores del Poder Judicial federal, más de 16 mil son familiares en activo, “más los que dejaron parientes y ya se jubilaron, por lo que el nepotismo es evidente y se debe revertir”.
Finalmente, mencionó que, para el análisis de las candidaturas, la trayectoria académica no debe ser preponderante por “la corrupción que impera en las universidades y que muchas de las maestrías y doctorados se obtienen, no necesariamente por la capacidad intelectual de las personas, sino por su capacidad económica”.
