Este jueves, México y Chile pidieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se investigue la probable comisión de crímenes de guerra contra el Estado de Palestina por parte de Israel, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“La acción de México y Chile responde a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte”, los cuales tienen que ver con crímenes graves internacionales como el genocidio, el crimen de agresión, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.
De acuerdo con la SRE, la intervención de la corte internacional es necesaria luego de los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que documentan “numerosos incidentes que pueden constituir crímenes” de acuerdo con el Estatuto de Roma, del cual el Estado de Palestina es parte desde el 1 de abril de 2015.
El Estatuto de Roma, es un tratado adoptado desde julio de 1998 a raíz de los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. Este tratado establece como parte de su competencia, aquellos crímenes graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, al reconocer que todos los pueblos están unidos por estrechos laxos y sus culturas configuran un patrimonio común.
Para la SER, a la situación de violencia contra Palestina, se suma “el colapso prácticamente total de la infraestructura nacional de justicia”, por lo que no tienen la capacidad de investigar ni enjuiciar los posibles crímenes cometidos en su territorio o por sus nacionales.
Por ello, México reiteró su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual, y enfatizó la importancia de garantizar la independencia del fiscal para investigar los crímenes cometidos en Gaza, ya sea que estos hayan sido cometidos por Israel, “potencia ocupante”.
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En ese sentido, la SRE señaló que el Gobierno de México también da seguimiento al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y a la solicitud de medidas provisionales como el cese al fuego inmediato y “allanar el camino para una paz duradera en la región sobre la base de la solución de dos Estados que convivan dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas”.
