La Corte Internacional de Justicia (CIJ) llevará a cabo la audiencia pública este 11 y 12 de enero, para evaluar la demanda presentada por Sudáfrica en contra de Israel, para que cesen el genocidio en la Franja de Gaza.
La demanda presentada el 29 de diciembre en La Haya, Países bajos, busca que la Corte tome medidas de emergencia y ordene a Israel “dejar de matar y causar graves daños psíquicos y físicos a la población palestina de Gaza, dejar de imponerles deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física como grupo y permitir el acceso a la ayuda humanitaria”.
Además, la acusación firmada también por al menos 900 organizaciones, pide a la CIJ y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitan “un llamado a Israel a frenar de inmediato toda acción militar que constituye o contribuye a violaciones de la Convención sobre Genocidio”.
En la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, en la que los países miembros de la ONU están suscritos, establece que los Estados pueden emprender acciones legales “para impedir que se cometa un delito de genocidio”.
También establece como genocidio, como “ciertos actos que tienen la intención de destruir, en su totalidad o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.”
El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa declaró que “nuestra oposición a la matanza continúa del pueblo de Gaza nos ha llevado como país acudir ante la CIJ. Como un pueblo que ha probado las frutas agrias del despojo, discriminación, racismo y violencia patrocinada por el Estado, estamos claros que estamos parados del lado correcto de la historia”.
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Implicaciones del juicio
La CIJ, principal órgano judicial de la ONU, recibió la solicitud de 84 páginas, en el que acusan que más de 21 mil personas han sido asesinadas, 55 mil han sido heridos, y el 85 por ciento de la población ha sido desplazada por parte de Israel.
Aunque el poder directo a la corte es muy limitado, de emitir un fallo contra Israel se sumarian las presiones internacionales que pueden repercutir en las relaciones comerciales y políticas de Israel con otros países. Por lo que, el panel de 17 jueces deberá escuchar a los abogados y gobiernos involucrados en la demanda.
