El Instituto Nacional de Migración (INM) indemnizó a las familias de 33 migrantes que fallecieron en el incendio de la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua el 27 de marzo de 2023. Se trata de una “solución alterna” que presentó el comisionado Francisco Garduño Yáñez.
La autoridad migratoria realizó el pago reparatorio destinado a las 33 familias de las victimas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y Venezuela. Mientras que están pendientes siete familias venezolanas con discrepancias respecto a los probables beneficiarios, informó el comisionado del INM, Garduño Yáñez.
Añadió que también realizaron el pago de la indemnización de 22 de los 27 migrantes que sufrieron lesiones durante el incidió. Los cinco migrantes restantes están a la espera de que la Comisión Ejecutiva de Atención a las Victimas (CEAV) determiné el monto de indemnización.
El comisionado expuso que los montos de las compensaciones no se harán públicos debido a un acuerdo que establecieron para salvaguardar la seguridad de los familiares. Los cuales también están determinados por la CEAV, que el 17 de abril de 2023, el INM solicitó su apoyo para clarificar el proceso de indemnización a fallecidos y lesionados.
Garduño Yánez lleva en libertad un proceso penal por su presunta responsabilidad en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Bajo la acusación del delito de ejercicio ilícito del servicio público, se presenta cada 15 días para firmar en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez.
INM por incendio en Ciudad Juárez
El pasado 7 de agosto, el comisionado del INM informó que busca una “solución alterna” por el proceso que lleva en su contra tras el deceso de 40 migrantes y las lesiones contra 27 más. Por ello, representantes de las victimas alertaron que Garduño Hernández busca detener las investigaciones en su contra.
Exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) garantizar a las víctimas que el comisionado enfrentará un juicio justo y no habrá impunidad. Además, expusieron que Garduño Yáñez solo enfrenta investigaciones por el ejercicio ilícito del servicio público y no por el deceso ni lesiones causadas.
Tres año y medio del incidente, las organizaciones subrayaron que solo existen mandos medios y bajos, así como dos migrantes, procesados por el incidente. Mientras que el excoordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, se encuentra prófugo de la justicia.