Para establecer una movilidad sostenible, la política pública debe considerar recursos para infraestructura vial, créditos para nuevas unidades y tecnología, coincidieron especialistas y autoridades.
Lo anterior quedó establecido en el documento denominado Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano que elaboraron representantes de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) y funcionarios de Sedatu y del Instituto de Movilidad de Yucatán.
El documento es un instrumento a nivel nacional que reconoce la existencia de diferentes contextos, problemas y niveles de avance en materia de transporte y acepta que no existe una solución única, por lo que es necesario generar acciones diferenciadas por grado de gestión, así como diferentes modelos de operación.
Dentro de los objetivos que establece la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano señalan que el objetivo de lograr que el servicio de transporte público colectivo se rija bajo los siguientes de rectoría del Estado, calidad del servicio, equidad e inclusión, justicia social, sostenibilidad financiera, seguridad y cuidado colectivo, innovación y tecnología.
Gasto público prioriza movilidad en automóvil
La propuesta de especialistas y funcionarios plantea modificar la distribución del gasto público dedicado a la movilidad, ya que en la actualidad más de 70 por ciento del presupuesto se dedica a infraestructura vial, que prioriza el traslado en automóvil y no el desarrollo de acciones de movilidad sostenible.
De acuerdo con resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la mayoría de los viajes de nuestro país —alrededor de dos terceras partes— se hacen a pie o en servicios de transporte público.
Entre los participantes de la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano están Ricardo Serrano Rangel, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM); Angélica Vesga, directora de Asuntos Públicos y Comunicación del Instituto de Recursos Mundiales (WRI); Jimena David, gerente de Incidencia y Asuntos Públicos WRI.