El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este 5 de febrero enviará un paquete de entre 10 y 20 reformas constitucionales al Senado de la Republica. Durante los últimos días ha adelantado que estarían relacionadas a la democratización, la inclusión y la igualdad.
Con el paquete de reformas, que prevé la modificación de 36 artículos, el presidente López Obrador buscará ampliar, asegurar y blindar los beneficios al pueblo de México que durante su administración se han realizado, elevándolos a rango constitucional.
Anteriormente, el presidente ha hecho hincapié en la necesidad de asegurar, entre otras cosas, la democratización del Poder Judicial de la Federación (PJF), para que jueces, magistrados y ministros, que acrediten la preparación necesaria para ello, sean elegidos por medio del voto popular y no por designación.
Por lo que está reforma será incluida en el paquete, así como la exención de privilegios del poder judicial que, como ha reiterado con el respaldo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, debe respetar el mandato constitucional de no percibir una remuneración mayor a la del presidente.
Reformas políticas
En el mismo sentido del impulso a la democracia, el presidente resaltó que el titular del ejecutivo federal puede ser juzgado, si así se requiere, para lo cual es necesario retirarle el fuero constitucional que lo protege ante investigaciones judiciales en su contra.
López Obrador explicó que para que las consultas populares, como la revocación de mandato, puedan ser vinculantes, es necesario que el 40 por ciento del padrón electoral. Sin embargo, acusó que, durante la consulta sobre la reforma electoral y su revocación de mandato, la oposición llamó a no participar, por lo que ahora propondrá que solo se requiera la participación del 30 por ciento del padrón electoral.
“Si un presidente llega y a los dos, tres años, no tiene el respaldo, el apoyo del pueblo, se pueda hacer una consulta y se le pueda sustituir”, reiteró.
Reformas sociales
Respecto a las reformas en el ámbito social, destacó los Programas para el Bienestar, los cuales buscará elevar a rango constitucional para que las siguientes administraciones no puedan omitir esa obligación del Estado. Aunque no mencionó cuales de los programas incluirá en el paquete, destacó las relacionadas con las pensiones.
En el caso de las pensiones para adultos mayores, señaló que buscará universalizar que estás sean dadas a partir de los 65 años y no hasta los 68 años como actualmente está establecido. Mientras que las pensiones para personas con capacidades diferentes, además de que serán reconocidas constitucionalmente, aplicarían para todas las edades.
El paquete de reformas constitucionales también incluirá otras iniciativas que ha anunciado recientemente, como el caso de que el Estado debe aportar la mitad de las jubilaciones de los trabajadores para asegurar que las pensiones cubran la misma cantidad que percibían mientras se encontraban laboralmente activos.
Contrario a lo que sucede actualmente, donde las jubilaciones solo otorgan menos del 50 por ciento del último salario. Para ello detalló que fortalecerán la política de austeridad, buscando un mayor ahorro republicano que permita reorientar al presupuesto en beneficio de la población.
Por otro lado, también incluirá que los aumentos al salario mínimo sean por encima de la inflación, pues reiteró que los aumentos anteriores, por debajo de la inflación, produjeron la disminución del poder adquisitivo de las familias mexicanas.
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Devolver espíritu de justicia social
El paquete de reformas será presentado el 5 de febrero, en el marco del 117 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. El evento se realizará en Palacio Nacional para presentarse de manera pública ante la prensa y, al finalizar el evento, será enviada a Senado de la Republica, para su discusión y votación.
Al tratarse de reformas constitucionales, se requiere de las dos terceras partes de los votos del senado para que sean aprobadas. Por lo que se prevé que la discusión y votación de reformas se de durante está última sesión del LXV legislatura, entre el 1 de febrero y hasta abril.
En ese sentido, también mencionó temas de salud y seguridad como la prohibición a los precursores químicos del fentanilo y cigarrillos electrónicos que afectan a la salud de miles de jóvenes. Así como la inclusión y respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para quedar establecidos y protegidos desde la Constitución.
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“Lo que vamos a buscar con este paquete de iniciativas es regresarle a la Constitución vigente, la del 17, su espíritu de justicia social, que se lo quitaron los neoliberales neoporfiristas en los últimos 36 años, de 1983 a 2018, porque en todas estas reformas no hay nada a favor del pueblo, fue arreglar el marco legal para legitimar, legalizar el saqueo”, explicó el presidente.
