La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó tres reformas constitucionales propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas por el Congreso de la Unión. La oposición legislativa logró frenar una: el “Plan A”.
Fue en abril de 2022 el expresidente López Obrador que intentó transformar el INE en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas a través del “Plan A”. Mediante una reforma Constitucional que requería la mayoría calificada en el Congreso, propuso una serie de modificaciones en materia electoral. Sin embargo, la oposición no apoyó la reforma y la frenó el 6 de diciembre de 2022 en la Cámara de Diputados.
Previamente, el 29 de noviembre de ese año, López Obrador preparó el “Plan B”, donde, a través de reformas a las leyes secundarias, no necesitaría más que el voto de la mayoría simple de los legisladores de Morena, PT y PVEM para modificar el sistema electoral. Con reformas sin alcance constitucional, planteó modificaciones administrativas para ahorrar hasta 3 mil 500 millones de pesos en gastos del INE.
La Cámara de Diputados aprobó el “Plan B” el 7 de diciembre de 2022 y el Senado lo aprobó el 22 de febrero de 2023.
Por lo que el 27 de diciembre, el presidente promulgó la reforma a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Mientras que el 2 de marzo de 2023 promulgó la reforma a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
SCJN frena reformas del Plan B
Fue aquí donde entró la SCJN. El 8 de mayo de 2023, la SCJN declaró inconstitucional la primer parte del “Plan B” bajo el argumento de que incumplió los procesos legislativos. Sin embargo, sin argumentos en contra de la naturaleza de la reforma electoral en sí misma.
Por ello, desde el 27 de marzo de 2023, el expresidente anunció que ante la eventual suspensión del “Plan B” presentaría un “Plan C”. En este, se llamaría a no votar por el “bloque conservador” que se opuso al “Plan A” y promovió acciones de inconstitucionalidad contra el “B”.
Cómo resultado, en el anterior proceso electoral, Morena y aliados alcanzaron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Además de quedar a tres votos de las dos terceras partes de los curules en la Cámara de Senadores, lograron la mayoría en casi todos los Congresos locales.
Guardia Nacional y Reforma eléctrica
La SCJN frenó el primer intento por incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Ley de la Industria Eléctrica. También analiza desechar la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales.
La SCJN declaró inconstitucional la reforma en materia de Guardia Nacional debido a que la Constitución establece que la seguridad pública debe tener carácter civil y no militar.
Mientras que el 31 de enero, la Suprema Corte también declaró inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), al fallar a favor de empresas trasnacionales de energéticos. Ellos señalaron una vulneración de sus intereses, debido a que la LIE ponderó el interés de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre sus empresas.
Con ello, la reforma de López Obrador que el Congreso aprobó en marzo de 2021 y planteaba que la CFE generara el 41 por ciento de la energía, se desechó.
Ley de Amparo
Debido a estas situaciones, al Congreso de la Unión hizo lo propio a través de la Ley de Amparo. En abril de 2024, Morena propuso la reforma para impedir que la SCJN suspenda leyes generales a través de declaratorias de inconstitucionalidad.
Esto, bajo el argumento de que existe una extralimitación de los ministros al dar una interpretación política a las leyes. La Ley de Amparo se promulgó en el DOF el pasado 14 de junio.
Al mismo tiempo, la SCJN analiza desechar la prisión preventiva oficiosa que estableció el Congreso para los casos de delitos fiscales.