La empresa Calica operó sin permisos de explotación para la extracción de piedra caliza, dañó tres cenotes y deterioró la calidad del agua de la zona concesionada en Playa del Carmen, Quintana Roo, denunció la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.
En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la responsable de la Semarnat precisó que Calica –filial de la minera Vulcan Materials– realizó la extracción de piedra caliza en una superficie de 2 mil hectáreas, pese a que el permiso solo permitía los trabajos en mil 200 hectáreas.
Además -agregó- que los permisos para la explotación para extraer la piedra caliza concluyeron en 2020; otra anomalía de la empresa es la simulación de permisos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
“La empresa ha dado una serie declaraciones falsas, entre otras que tiene todos los permisos, no es verdad, negó sobreexplotar la extracción de piedra caliza, se sobrepasó en la extracción que se dieron en 1986, luego se les otorgó permiso en 2000 que se les extendió por 20 años, ellos (Calica) ya no tienen permiso desde 2020”.
Bárcena destacó que la explotación que Calica realizó para la extracción de piedra caliza fue por debajo de manto freático en una zona con cenotes, lo que dejó como consecuencia desequilibrios ecológicos y devastación ambiental.
Precisó que Calica señaló que en la zona de explotación había siete cenotes, pero en la visita que la autoridad efectuó solo encontraron cuatro, lo que significa la destrucción de tres cuerpos de agua.
Junto con la destrucción de tres cenotes, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) confirmó el impacto en el sistema hidrológico subterráneo
Dentro de los daños al recurso hídricos provocados por la explotación de Calica está la disminución en el nivel de agua subterránea y el deterioro del líquido.
La titular de Semarnat comentó que ante la decisión del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador de declarar Área Natural Protegida, Calica inició una demanda contra México.
El recurso legal de la filial de Vulcan Materials tomó como base el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la exigencia económica era por mil 500 millones de dólares.