Los abogados de los militares acusados por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunciaran a los testigos protegidos y a funcionarios de la Fiscalía General de la Republica (FGR) que giró las nuevas órdenes de aprehensión contra sus clientes.
César Omar González y Alejandro Robledo Carreto, defensores de los ocho militares acusados por crimen organizado, por presuntamente tener nexos con integrantes de Guerreros Unidos, señalaron a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján por sustentar un caso que, consideraron, se trata de una “persecución política”.
Por lo que, indicaron, presentaran una denuncia contra el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Uilca), Rosendo Gómez Piedra, a otras tres autoridades de la fiscalía y a los testigos protegidos “Carla” y “Neto” que sostienen que los militares recibieron dinero por parte de Guerreros Unidos para realizar actividades a favor del grupo.
De acuerdo con Robledo Carreto, cuando Roberto de los Santos Eduviges, Uri Yashiel Reyes Lasos, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunas, Omar Torres Marquillo, Eloy Estrada Diaz, Gustavo Rodríguez de la Cruz y Juan Sotelo Díaz, fueron detenidos en junio de 2023, la jueza Raque Ivette Duarte Cedillo, otorgó la orden de aprehensión solo por el delito de desaparición forzada, negando el delito de delincuencia organizada, según la causa penal 1/2023.
Sin embargo, reconocieron que el pasado 24 de enero, con estas nuevas declaraciones se integró la petición del ministerio público, mismas que la jueza “valoró debidamente” y otorgó las ocho ordenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizado, a pesar de haberlas negado anteriormente.
Nuevas órdenes de aprehensión contra ocho militares imputados por Ayotzinapa
Testigos no se presentan a declarar
Este 6 de febrero, los dos testigos protegidos de la fiscalía no se presentaron a declarar, pues uno argumentó que se encuentra mal de salud y otro no fue localizado en su domicilio. Por lo que, al no verificar sus declaraciones, los abogados esperan que la jueza declare auto de libertad.
