Por unanimidad de votos, el Senado de la República aprobó la reforma para que el Estado retome el derecho de utilizar las vías ferroviarias para el servicio de transporte de pasajeros. El dictamen pasó a los Congresos estatales para su análisis y discusión.
Con 123 votos, quedó asentada la reforma al artículo 28 de la Constitución, para priorizar los trenes de pasajeros en las vías ferroviarias nacionales. El dictamen establece que el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares para poder operar el transporte de pasajeros.
Durante la década de los noventa, precisa el dictamen, el servicio de pasajeros se descuidó por la privatización del sector. Añade que, desde su privatización hasta 2017, las vías férreas sólo aumentaron 23 kilómetros para tener una extensión total de 26 mil 914 kilómetros.
Durante la discusión del pleno, los senadores señalaron que, aunque México cuenta con una de las redes ferroviarias más grandes del mundo, actualmente solo el 0.9 por ciento de los desplazamientos de pasajeros se realizan en tren. Situación que, consideraron, refleja la subutilización de la infraestructura y que, de revertirse, podría mitigar el impacto ambiental de otros medios de transporte.
Añadieron que, al ampliar el acceso al transporte, comunidades marginadas se podrán integrar a la economía nacional, a través de conectarse con centros industriales y comerciales.
Discute Senado control del Estado en energéticos
El pleno del Senado inició este miércoles el análisis de la reforma para que el sector energético, el servicio de internet y el aprovechamiento del litio sean estratégicos para el Estado.
El dictamen establece la modificación a los artículos 25, 27y 28 constitucionales para garantizar la seguridad y autosuficiencia energética. En ese sentido, elimina el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituye por el de “empresas públicas del Estado”.
La reforma también contempla que las funciones del Estado no constituirán monopolios en las áreas estrategias como el litio, la electricidad y el internet. Pero también establece que la electricidad deberá proveerse al pueblo con el menor precio posible.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázares, afirmó que esta reforma consolida un Estado constitucional de bienestar. Además del fortalecimiento de la soberanía energética, al priorizar el control estatal sobre los recursos estratégicos para la nación.