El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no hay fundamento ni pruebas” de la supuesta coacción en la que incurrió durante el proceso electoral, resolución que aprobó la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

En la conferencia de este viernes, el mandatario cuestionó que sin presentar pruebas, los magistrados electorales aseguraran que buscó favorecer a Claudia Sheinbaum, hoy virtual presidenta, y de hacer comentarios que afectaron a Xóchitl Gálvez, excandidata del bloque opositor.

“¿Qué campaña hice a favor de Claudia Sheinbaum, ¿qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez?, en una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé, hasta castigaron a un funcionario del consejo del INE porque se atrevieron a manipular lo que dije sobre Xóchitl (Gálvez), y en general nunca la mencioné, hagan un estudio”.

López Obrador recordó que la integración de órganos como el Tepjf era a partir de componendas entre quienes se “sentían dueños de México” y son parte del bloque conservador.

“Estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes, todos estos organismos estaban manejados por conservadores, reaccionarios, por gente que llegaba recomendaba por los que se sentían dueños de México. Hay excepciones, pero por lo general están cundidas las instituciones de gente que tiene un pensamiento conservador y servil”.

Ante ello, López Obrador refirió que estos órganos requieren una “sacudida” en referencia a la reforma que promueve para que los jueces, magistrados y ministros que son parte del Poder Judicial de la Federación sean electos por voto popular.

¿Qué resolvió el Tepjf?

Al resolver un juicio que promovió el PRD, los magistrados de la Sala Especializada determinaron que López Obrador vulneró los principios de “imparcialidad, neutralidad y equidad” durante las conferencias del 9 y 11 de mayo.

En ella, el presidente aludió al llamado “Plan C” y la necesidad de alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

 En el análisis, los magistrados señalaron que el mandatario “usó indebidamente recursos públicos y programas sociales; coaccionó el voto de la ciudadanía; realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en período prohibido”.