Abogados penalistas integrados en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Cívica Mexicanos Unidos pidieron a la Fiscalía General de la Republica (FGR) investigar a Daniel Noboa Azín, presidente de Ecuador, por ordenar el asalto a la embajada mexicana.

En ese sentido, informaron que presentaron las denuncias correspondientes ante la FGR contra las autoridades ecuatorianas relacionadas con este crimen. Entre estos delitos: motín, terrorismo internacional, asociación delictuosa, allanamiento de morada y asalto, lesiones, privación ilegal de la libertad y daño en propiedad ajena.

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Investigador de la UNAM añadió que la FGR también deberá investigar la violencia ejercida contra funcionarios de la embajada mexicana. Así como la privación de la libertad y secuestro de Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, asilado en la embajada.

Por su parte, Raúl Jiménez Vázquez, catedrático de Derecho Penal Internacional de en la UNAM, explicó que la Fiscalía es competente para investigar estos ilícitos. Esto, sustentando en el Código Penal Federal (CPF), que considera como ejecutados en territorio nacional, los delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en las embajadas y delegaciones de nuestro país.

Jiménez Vázquez reiteró que la FGR está dotada para investigar, perseguir, procesar y sancionar a los presuntos responsables de los crímenes tipificados en el CPF y en instrumentos del Derecho Internacional Convencional.

Denuncian al presidente de Ecuador y Ministra Mónica Palencia Núñez

En el caso de la Ministra de Ecuador, Mónica Palencia Núñez, al ser mexicana por nacimiento, se trata del delito de traición a la patria. Pero también habría incurrido en intervención ilegal de las comunicaciones de la Embajada de México y por el hostigamiento a funcionarios como Eva Martha Balbuena.

Los hechos que se están denunciando constituyeron un ataque generalizado contra las instalaciones de la Embajada y sus ocupantes, pues se incurrió en crímenes de lesa humanidad de tortura y de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de Derecho Internacional.

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