Reclusas que fueron trasladadas al penal de Ciudad Serdán solicitaron al gobierno estatal reconsiderar la medida y permitirles regresar a los Ceresos de origen, ya que se sienten abandonadas debido a que sus familiares tienen dificultades para visitarlas por la lejanía.
El traslado de las internas comenzó a finales del año pasado, tras la rehabilitación del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Serdán, que anteriormente era varonil. El objetivo de convertirlo en un centro femenil era ofrecer mejores condiciones a las internas de todos los reclusorios del estado, evitando que compartieran espacio con hombres.
Sin embargo, varias reclusas entrevistadas por Ángulo 7 a través de los teléfonos de tarjeta disponibles en el penal, afirmaron que la reubicación les ha perjudicado, ya que sus familiares dejaron de visitarlas.
La decisión de realizar este traslado se basó en una recomendación emitida en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que señaló que Puebla carecía de un penal femenil y que en los penales mixtos no existían las condiciones adecuadas para la readaptación social de las reclusas.
No obstante, las reclusas trasladadas se han mostrado inconformes, argumentando que tanto sus defensas legales como sus familiares tienen dificultades para visitarlas con frecuencia, lo que las hace sentir olvidadas.
Testimonios de reclusas de Serdán
En entrevista, Maira (nombre ficticio para proteger su identidad) expresó que estarían felices si pudieran regresar a sus Ceresos de origen, donde sus familias las visitaban regularmente, les llevaban comida y platicaban con ellas. Ahora, sienten que han sido abandonadas.
Además, señaló que sus procesos legales deberían continuar en sus lugares de origen, pero el cambio de reclusorio ha complicado la labor de sus defensores, especialmente cuando son de oficio o no cuentan con los recursos para pagarles.
Lupita, otra interna entrevistada, agregó:
“Lo que pedimos es que nos regresen a donde estábamos, porque con esto dividieron a nuestras familias. Nos preocupa mucho porque la comida es pésima, dan muy poco y en la tienda todo es muy caro. Hay quienes trabajan armando pinzas de ropa o en la maquila, pero ganan muy poco, unos 150 o 160 pesos a la semana; la mano de obra es muy barata”.
También mencionó que las mejores condiciones de reclusión que les prometieron no se han cumplido.
Paty, otra reclusa, comentó que en ocasiones no hay medicamentos disponibles y que muchas veces tienen que comprarlos ellas mismas. Además, la doctora que acude al penal solo lo hace los fines de semana y “no atiende a las internas a menos que estén al borde de la muerte”. También denunció que no hay lavaderos ni tendederos para colgar la ropa.
Por su parte, Laura mencionó que, aunque han informado a la directora del penal de Ciudad Serdán, Liliana Sánchez Rueda, sobre la mala calidad de la comida y las carencias en ciertas áreas, no han recibido una respuesta positiva.
Consideró que es un error argumentar que los hombres y mujeres deben estar separados, ya que, aunque no deberían compartir los mismos espacios, podrían estar divididos por una reja o una barda, lo que permitiría que sus asuntos legales se resolvieran en sus lugares de origen.
De Tlatlauquitepec al penal
Otra interna, trasladada en noviembre de 2022 desde el penal de Tlatlauquitepec a Ciudad Serdán, expresó su preocupación por la división. Comentó que en Tlatlauquitepec recibían un trato digno, ya que el alcalde, Porfirio Loeza Aguilar, siempre estaba al pendiente de la población recluida, garantizando atención médica adecuada y alimentación. Actualmente, las condiciones en Ciudad Serdán son “muy malas”.
Agregó que no ha recibido visitas en más de un año, a pesar de que sus familiares han intentado ingresar al penal.
“Me separaron de mi esposo, lo conocí en el penal hace 16 años, nos casamos y llevamos 13 años de matrimonio. Estoy acusada de homicidio y en 2021 me provocaron un tumor en la vesícula, por lo que fui hospitalizada dos veces en estado crítico”, relató.
Actualmente, más de 500 reclusas han sido trasladadas. Coinciden en que la comida es insuficiente y de mala calidad, y no reciben el apoyo médico necesario. Solo hay una doctora para todas las internas, que solo acude una vez a la semana. Las mujeres afirmaron que padecen discriminación, ya que los hombres reciben más beneficios, como visitas frecuentes.
Denuncian falta de atención médica
Otra reclusa, también trasladada de Puebla a Ciudad Serdán, pidió apoyo para su hijo enfermo, que está recluido en el penal de San Miguel. Afirmó que, a pesar de haber solicitado la intervención de derechos humanos, no ha recibido respuesta. “Mi hijo tiene el dedo del pie inflamado y, aunque ha solicitado la atención de un médico, no lo han atendido”, explicó.
Declaró que tanto ella como su hijo son inocentes, ya que fueron arrestados en su domicilio en San Mateo Tlaixplan, Tecamachalco, a las 2:30 de la mañana. Aunque no precisó el delito que les imputaron, mencionó que fueron sentenciados a 58 años sin pruebas, pero su apelación fue revocada.
Han pasado cuatro años sin que el Poder Judicial emita una nueva resolución, y aunque tienen un abogado de oficio desde febrero de este año, no se ha avanzado en el caso. “Yo ya llevo 9 años y 4 meses, ¿cuántos años más debo esperar?”, se preguntó. Expresó que preferiría ser trasladada al penal de San Miguel para estar cerca de su hijo.
Abogada experta en derechos humanos critica la reubicación
Jazmín Salgado Delgado, abogada experta en derechos humanos, explicó que las recomendaciones de la CNDH no son vinculantes y no tienen poder coercitivo sobre las autoridades. Sostuvo que la decisión tomada por el gobierno del exgobernador Miguel Barbosa Huerta fue “la más fácil”, pero contraviene lo que establece la Constitución, la cual otorga a las mujeres privadas de su libertad el derecho a cumplir su condena en un centro penitenciario cercano a su domicilio para facilitar su reinserción social.
Salgado Delgado criticó que la Secretaría de Seguridad Pública no haya analizado la situación antes de ejecutar la recomendación de la CNDH, y que el gobierno actual, así como el entrante, deben garantizar mejores condiciones para las reclusas.
