En las primeras horas de este miércoles se formalizó el paro de actividades por parte del Poder Judicial del estado Puebla y de la federación. Este acto es en protesta por la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dicha reforma, como es bien sabido, someterá a voto popular a jueces, magistrados y ministros de este poder, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Es decir, por primera vez, se democratizara este poder y no será a partir de una cúpula que elija a sus sucesores.
No sólo eso, sino que también se tocarán sus onerosos privilegios, desde el salario hasta algunas prestaciones. Aunque, aquí cabe aclarar, que esto sólo aplicará a los de primer nivel. Es decir, se afectará aquel juez, ministro y magistrado que gana más que el presidente de la república.
Y es que, por ejemplo, en el caso de algunos miembros de la Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tienen sueldos de hasta 518 mil pesos mensuales, cuando el primer mandatario federal apenas rebasa los 100 mil.
O, por ejemplo, el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los ministros reciben de sueldos de hasta 398 mil pesos mensuales. Entre ellos están: Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Loretta Ortiz Ahlf, Luis María Aguilar Morales y Alberto Gelasio Pérez Dayán.
Sin embargo, y en contraposición a lo antes dicho, este mismo poder no sólo beneficia a deudores fiscales como Ricardo Salinas Pliego, o como se dio cuenta desde la mañanera del pasado 18 de julio, donde han beneficiado a más de 10 grandes corporaciones. Entre todas adeudan más de 129 millones de pesos.
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De igual manera, están los ya famosos “sabadazos” que, más que mera coincidencia, se volvió una práctica de este poder. Aprovechan esos días, donde “se relajan” los medios de comunicación, para cambiar medidas cautelares o liberar casos sospechosos.
Así se lo aplicaron al exgobenador priista de Puebla, Mario Marín Torres, quién en una audiencia donde recibiría sentencia por el caso de tortura a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, las juezas Elsa Patricia Espinoza Salas y Angélica Ortuño Suárez lo favorecieron.
Le cambiaron la medida de prisión preventiva, pues para el caso de tortura “no aplica”, además de que le impusieron un brazalete de seguridad, el cuál Marín Torres elegirá la empresa que se lo colocará.
Como ese caso, hay otros 192 que han realizado desde que inicio el sexenio del López Obrador. Por ello, y ante el paro de labores, vale la pena preguntar ¿Realmente es rebeldía el paro del Poder Judicial de Puebla y federación? ¿O solo buscan obstruir la justicia?