Nuevamente la concesionaria de Agua de Puebla vuelve a dar de qué hablar. Y no sólo porque puede que se le otorgué la concesión por 10 años más, sino porque el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, pidió al Congreso del Estado que la empresa rinda cuentas.
La concesión entregada, y que tiene como plazo hasta agosto-septiembre de 2044, tiene que cumplir anualmente con cierto monto de inversión. Esta servirá para saneamiento e infraestructura, para ello, el monto tendría que ser de más de tres mil millones de pesos.
Sin embargo, desde que se privatizó, es decir, en 2014, existieron varias protestas no sólo por este hecho, sino que también fueron la falta de acceso a este derecho y los costos tan elevados que cobraba para acceder el vital líquido.
Armenta Mier sabe algo, y no es casual que pida una comparecencia a la empresa. También señaló que la empresa tiene que “hacer inversiones comprometidas” en lo que resta del año. Sumó que en el contrato se establecieron cláusulas que con el tiempo fueron cambiando.
Una de ellas, fue la que impulsó Miguel Barbosa Huerta, quién logró regular los precios tan elevados. Concesiones Integrales, como también se le conoce imponía tarifas de forma discrecional, se estableció que estas no deberían subir por encima de la inflación.
Si bien se está evaluando no desprivatizar el agua, la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) o el Congreso del Estado deben poner cartas en el asunto. Deben vigilar las “inversiones” importantes que hará este año y, sobre todo, revisar el actuar en los años anteriores.