Encima de que salió beneficiado por un cambio de medida cautelar, el exgobernador priista, acusado de ordenar tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, Mario Marín Torres, elegirá a la empresa que le colocará el brazalete electrónico para evitar un riesgo de fuga.
Es decir, la determinación de Angélica del Carmen Ortuño, jueza de distrito del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Quintana Roo, pone en duda el actuar del Poder Judicial.
Es decir, la jueza omitió que Marín Torres no es un reo cualquiera, es alguien que tuvo la capacidad para ocupar el aparato del estado, capturar a una periodista en Cancún, traerla a Puebla y el trayecto torturarla.
No sólo eso, Marín Torres le presentó al empresario Kamel Nacif Borge a la periodista para que este le diera “un pinche coscorrón para que entienda que Puebla se respeta la ley”. Y muestra de ello, son lo audioescándalos dados a conocer un 6 de febrero de 2006.
La misma periodista lo expresó mediante un tuit, en donde señaló que “Mario Marín es un preso peligroso”. Por ello, responsabilizó a Del Carmen Ortuño de lo que le pudiera pasar a ella, a los testigos y a su familia; además de su equipo legal.
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Y es que estando afuera, el también denunciado por ser parte de una red de trata de blancas, tiene acceso mucho más fácil a medios de comunicación, a tener visitas en su domicilio, etcétera.
Desde Ángulo 7 nuestra solidaridad con la periodista que ha sido víctima de muchos agravios, como el de 2019 donde hallaron su casa en México, envenenaron a sus perros y robaron material de investigación.
Y por pate de las autoridades es que hechos tan preocupantes donde se castiga a una periodista por publicar una investigación como la de “Los demonios del Edén”, donde se expuso la red de trata de blancas que construyeron Marín, Nacif y Jean Succar Kuri, sigan su curso con total impunidad.