El gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, dejó de manifiesto que cancelar la concesión a la empresa Concesiones Integrales, es decir, “Agua de Puebla”, implicaría pagar ocho mil millones de pesos.
Y es que ese dinero sería como un tipo de indemnización, no obstante, para verificar las operaciones de esta empresa realizaría una auditoría. Lo anterior, debido a que la empresa operada por Héctor Durán Díaz, ha sido denunciado por tener malos manejos.
En ese sentido, vale la pena recordar la lucha de los activistas Omar Jiménez Castro y Julia Salas Torres. Ambos, lucharon incansablemente por las injusticias cometidas por la empresa privada y defendieron a varios ciudadanos que sufrían estos atropellos.
Ellos dos también exponían las contradicciones de la misma empresa, pues mientras establecían cargos excesivos a sus clientes, su infraestructura presentaba irregularidades. Además, en varias ocasiones mediante sus redes, denunciaron fugas de agua.
Desde su privatización, Concesiones Integrales también se le acuso por una distribución inequitativa del vital líquido. Incluso, el sector restaurantero también señaló este hecho, luego de que en la zona del centro tienen que pagar pipas, pues la empresa no les dota pese a que pagan.
Se trata pues de un negocio legado del Morenovallismo y el caudal de negocios onerosos que dejaron con dinero de la sociedad. Los mismo paso con el Museo Barroco, las plataformas de Audi y el Centro Integral de Servicios (CIS) por los cuales falta pagar más de 10 mil millones de pesos.
Como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador: lo viejo no acaba de morir y lo nuevo ni acaba de nacer. En ese sentido, la concesionaria seguirá brindando el servicio para el siguiente sexenio, sino es que antes Armenta Mier encuentra algo turbio por ahí.