Morena emitió la convocatoria para las candidaturas rumbo a las gubernaturas en nueve estados, entre ellos Puebla, donde los aspirantes deben cumplir diversos requisitos como no estar acusado de violencia familiar, no estar sentenciado y tener 30 años cumplidos.
Esto de acuerdo con el documento que emitió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por la noche del lunes, a fin de que todos los que tengan la intención de competir en el proceso interno, ya sea militante del partido o no, puedan presentar su solicitud de registro, la cual será en línea.
De las entidades donde se renovarán las gubernaturas además de Puebla, será en Veracruz, Jalisco, Morelos, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Guanajuato, así como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México; serán cinco hombres y cuatro mujeres, lo que da la posibilidad de que en la entidad sea candidato.
Morena Puebla: a encuesta, 2 hombres y 2 mujeres; innecesario que renuncien
Sin embargo, actualmente, con el proceso la persona que resulte favorecida en la encuesta será catalogado como coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, toda vez que las reglas electorales no permiten aún tener abanderada oficial.
El registró será el 25 y 26 de septiembre, en el cual lo podrán hacer tanto militantes de Morena como externos, es decir, si hay algún aspirante del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como ocurrió a nivel nacional.
Para el 28 de septiembre, el Consejo Estatal deberá presentar las cuatro propuestas a medir en la encuesta, dos hombres y dos mujeres que se medirán en la encuesta, aunque la Comisión Nacional de Elecciones igual podrá proponer perfiles si así lo considera. El 30 se darán a conocer los registros aprobados.
Para esto, los requisitos que deben cumplir los aspirantes son no promocionarse en espectaculares o anuncios de cualquier tipo, tienen prohibido la descalificación entre ellos, así como no podrán realizar acusaciones en contra del partido o alguno de sus directivos de manera pública.
Debe tener 30 años cumplidos
Ser mexicano por nacimiento y ciudadano del estado en pleno goce de sus derechos políticos, tener 30 años cumplidos al día 2 de junio de 2024; no ser funcionario de la Federación, del estado o del municipio, no militar en servicio activo o con mando de fuerzas a menos que se separe del cargo o servicio cuando menos 90 días antes de le elección.
No ser ministro de algún culto religioso; no formar parte de los órganos electorales del Instituto, salvo que se hayan separado definitivamente un año antes del 3 de noviembre de 2023; no ser magistrada o magistrado, secretaria o secretario general, instructor o de estudio de del Poder Judicial de la Federación, ni del Tribunal, salvo que se hayan separado definitivamente del cargo un año antes 3 de noviembre de 2023.
No pertenecer al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se haya separado del cargo 3 años antes del inicio del proceso electoral; no haber sido sancionado en sentencia firme, en términos del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla o de la legislación penal.
No haber sido sancionado por las conductas y delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género o delito equivalente; violencia familiar; e incumplimiento de la obligación alimentaria.
En caso de ser militante, tener pleno ejercicio de los derechos partidistas y no estar inscrito en el registro de personas sancionadas.
Gobernador y funcionarios no pueden apoyarlos
Además, está prohibido que se pronuncien a favor de un aspirante el presidente de la República como el gobernador y los integrantes de sus respectivos gabinetes; así como presidentes municipales y sus colaboradores de primer nivel; coordinadores de las bancadas legislativas federales y estatales de Morena.
De la misma manera, está impedido para los directivos de todos los cuerpos legislativos federal y estatales; toda persona con un cargo de dirigencia nacional o estatal del partido; los integrantes de sus comisiones de Elecciones y de Encuestas.
Por último, queda estrictamente prohibido utilizar el presupuesto público o bienes gubernamentales para favorecer a participantes o a sus representantes durante el proceso.
