El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que esperarán la resolución de la Corte sobre los dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Puebla que la CNDH pidió invalidar y, en caso de que se tengan que hacer modificaciones o corregir algo, lo harán.
En entrevista, tras la ceremonia por el 217 aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, el mandatario poblano descartó que haya habido errores en el proceso legislativo durante la elaboración de dicha ley, que fue aprobada el año pasado y publicada en pasado 6 de enero en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Indicó que, como toda regla, es perfectible, por lo que ya será en la práctica que se tendrán que ir viendo las mejoras que pueda haber en cualquier área, sobre todo regulatoria, que es una constante en el estado, por lo que esperarán a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita una resolución.
“Si hay algo que corregir lo haremos y si no, seguiremos con mucha firmeza, yo espero que no (haya habido errores en el proceso legislativo), no es un tema de error, sino que están señalando dos artículos en específico, habrá que ver cuál es la forma y el fondo de esa observación”, asentó.
Es de mencionar que dicho ordenamiento forma parte del paquete de leyes secundarias que se hicieron en el Congreso local, tras las reformas constitucionales al Poder Judicial, las cuales fueron impulsadas por el ahora gobernador fallecido, Miguel Barbosa Huerta.
¿Qué pide la Corte?
Ante esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 95 y 103, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que considera que viola el derecho a la seguridad jurídica y los principios de legalidad, supremacía constitucional y reserva de ley.
El recurso quedó registrado con el expediente 65/2023 y fue presentada el pasado 7 de febrero, aunque entró a trámite el 7 de marzo.
El organismo autónomo pidió invalidar el catálogo de conductas establecidas en el artículo 95, que se refiere a las causas de responsabilidad administrativa que pueden ser atribuibles a los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial, toda vez que no precisa cuáles son graves y no graves.
Sobre el segundo párrafo del artículo 103, igual demandó su invalidez, ya que permite que se establezcan faltas administrativas graves de los servidores públicos en reglamentos y acuerdos generales.
No obstante, la ley orgánica viola el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que el Congreso, en ese entonces presidido por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, no tomó en cuenta las bases mínimas previstas por la Constitución federal para determinar que las faltas se clasifican en función de su gravedad y se encuentren previstas en la legislación.
