La Red Plural de Mujeres buscará reunirse con el gobierno de Puebla para solicitarle que revise la situación legal de las internas en los penales y ver si pueden acceder al beneficio de la preliberación y, de esa forma, desahogar los Ceresos que están en hacinamiento.
Así lo señaló, en entrevista con este medio, Socorro Quezada Tiempo, integrante de la Red, quien comentó que este beneficio está establecido en la ley, además de que a nivel nacional ya se ha implementado en zonas como la Ciudad de México.
“Es un tema en el que hemos estado insistiendo, buscando con el gobernador Sergio Céspedes o el secretario de Gobernación, Miguel Huerta una reunión para que seamos atendidas y pueda implementarse el mecanismo y sean revisados los casos de las internas, principalmente en el penal de San Miguel”, asentó.
Refirió que, si bien no tiene la cifra exacta de mujeres presas, ya que esas cifras las tiene el gobierno, tan sólo en el de San Miguel se encuentran recluidas alrededor de 500, pero faltan las que se están en los otros penales del estado.
“Ya vimos que el diagnóstico de la CDH donde habla del índice de las penitenciarías en el estado y está reprobado, pues es un llamado también al gobierno a que no sólo sean revisados los casos de las mujeres, sino también de todos los reclusorios de Puebla”, expresó.
Es de recordar que, en mayo del 2020, el gobierno implementó el programa de preliberaciones, por lo que se conformó el Consejo Consultivo del Indulto y se dio a conocer que 406 personas recluidas en penales podrían ser beneficiadas en sus distintos métodos, de los que el 91 por ciento eran hombres y 9 por ciento mujeres, entre los que estaban 268 indígenas.
Sin embargo, para septiembre de ese año se informó que sólo 89 reclusos eran candidatos a obtener su preliberación, aunque hasta abril de este año se informó que apenas se habían integrado 68 expedientes, por los que los 29 que ya salieron de la cárcel corresponde al 32.6 por ciento.
En un primer bloque fueron 12 personas, entre ellos seis indígenas, una mujer que pagaba una pena de 17 años por homicidio en razón del parentesco (aborto), y tres selectos (adultos de más de 60 años), de los cuales dos estaban enfermos, mientras que de los demás no se ha dado a conocer.
Sin avance en SCJN para revisar casos de presas
Por otra parte, Quezada Tiempo mencionó que debido al cambio en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se frenó el proceso para que se revisen las solicitudes de mujeres presas que no han sido sentencias y tiene varios años, las cuales las cuales suman 63 casos.
Indicó que con Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se tuvo comunicación, aunque no hubo avance debido a los asuntos que atiende el máximo tribunal judicial del país, por lo que esperarán que la nueva presidenta Norma Lucía Piña Hernández “se encanche” para buscar una reunión y dialogar sobre el tema.
