A pesar de que la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, se excusó para no opinar ante las irregularidades financieras de Barbosa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes consideró que la Auditoría, sí tiene obligación de hacerlo.
Esto luego de que la titular de la ASE, el viernes pasado señaló que no puede emitir una opinión sobre esta situación, debido a que en la gestión del mandatario fallecido, Miguel Barbosa Huerta, fungió como secretaria de la Función Pública (SFP).
Al respecto, en la rueda de prensa de este lunes, el titular del Poder Ejecutivo comentó que la ASE es una institución que no depende de una sola persona, además de que se tiene contemplado en el marco legal como se debe rendir cuentas de todos los gobiernos y funcionarios públicos.
Auditora de Puebla calla ante irregularidades financieras de Barbosa
“La Auditoría tiene la obligación de pronunciarse como tal y hay diferentes entes que llevan a cabo eso para poderle dar respuesta con mucha puntualidad a la sociedad, sobre que fue lo que sucedió y como se ejecutó, ella no es la Auditoría, es una persona más, apuntó.
El mandatario sostuvo que todos los gobiernos y funcionarios están obligadas a cumplir con la ley, por lo que no hay excusa para que la institución pueda emitir alguna postura sobre la inversión fallida de 606 millones de pesos con Accendo Banco y los dos créditos fiscales con el SAT, uno de 2 mil 600 millones y otro de 721 millones.
Y es que el viernes, Gómez Nava evitó dar una declaración al ser cuestionada por los medios, argumentando que fue secretaria del 29 de octubre del 2020 al 18 de mayo del 2022 y posteriormente, el 19 de mayo del 2022 fue electa titular de la Auditoría en el Congreso de Puebla, por un periodo de siete años.
En ese tenor, a través de un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, se señala que cualquier asunto comprendido en dicho periodo, podrá ser abordado únicamente por el titular de la Auditoría Especial Forense adscrita al mismo ente fiscalizador, es decir que esta fuera de su competencia dar información.
Empresas desaparecieron, dice gobernador
Sostuvo que la administración estatal está en la siguiente etapa de la renegociación y se ha analizado hasta 20 veces cómo darle la vuelta en lo que respecta a Audi, que se encuentra instalada en San José Chiapa, aunque no es la armadora sino la firma que estuvo a cargo de la construcción de sus plataformas.
Y es que, el titular del Poder Ejecutivo, exhibió que las empresas desaparecieron y vendieron dicho pasivo financiero a instituciones bancarias, con las que se busca hacer dicho proceso, pero se ha dificultado porque los bancos no quieren hacer ninguna rebaja a intereses o acuerdo.
“¿Y la empresa? Ni cuenta da de ello, por eso se complican negociaciones. Hay algunas que no podemos localizar, generaron el contrato, hicieron las obras, la cobraron o la endeudaron, fueron al banco, se los compró y ahora es éste el tenedor de la deuda”, expresó.
Refirió que contratos fueron amarrados muy bien en lo legal y financiero, por lo que litigarlos es irse a un pleito legal muy fuerte, del que si se gana sería positivo, pero si se pierde estarían en una condición financiera muy crítica, por lo que acabar con ciertas concesiones, económica, financiera y operativamente no nos da para Puebla”.
Obras a través del esquema PPS y APP
Dijo que los montos originales de las obras, ejecutadas a través de los esquemas Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) y Asociación Público Privada (APP), ya deberían de estar pagados en este momento, pero se mantiene el análisis de qué se puede hacer con las deudas de estas obras construidas en la gestión del panista Rafael Moreno Valle Rosas.
Cabe resaltar que, para las plataformas de Audi México, en el municipio de San José Chiapa, el contrato fue por 15 años, que entró en vigor el 3 de noviembre de 2012 para finiquitarse en 2028, por un monto de 5 mil 79 millones 315 mil 613 pesos.
El Museo Internacional Barroco (MIB) fue por un monto de mil 742 millones 945 mil 414 pesos, con un plazo de pago a 23.3 años, a partir del 3 de febrero de 2016, por lo que debe concluirse en mayo de 2039; mientras que el Centro Integral de Servicios (CIS), se financió por mil 372 millones 679 mil 59.16 pesos, a pagar a 25 años, lo que implica que se debe liquidar el 31 de diciembre del 2037.
En conjunto, el monto que se paga al año por parte del gobierno de Puebla son poco más de mil 400 millones de pesos para cubrir los pasivos que se tienen.
