La Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, ubicada en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, alertó por las amenazas en contra de sus autoridades agrarias por parte del Director de Seguridad Pública, Salvador González Ortega.
En la carta publicada este martes, denuncian que el pasado 7 de diciembre, una persona amenazó a las autoridades agrarias a nombre de Gonzales Ortega, para exigir que no tomaran posesión de un predio que es parte de sus terrenos comunales.
Los pobladores informaron que el predio se encuentra invadido actualmente; no obstante, este forma parte de su territorio, que incluso está reconocido en el Título Virreinal que la comunidad recibió de la corona española en el año de 1733.
También aclararon que la comunidad “no ha manifestado intención alguna de tomar posesión de dicho terreno, sino que estamos resguardando los predios que, con cobardes amenazas, que también involucraron a la policía municipal de Villa Guerrero, pretenden despojarnos personas al servicio de violentos caciques que han atentado contra nuestras familias y autoridades”.
Ante ello, denunciaron la intromisión de Gonzales Ortega en los asuntos territoriales, “acto ilícito que defiende algunos intereses particulares que se siguen valiendo de las tierras sagradas de Atzqueltán y por las cuales luchamos”, acusan en el documento.
También convocaron a la sociedad civil, a los pueblos y organizaciones, para solicitar que se retomen los caminos jurídicos y legales adecuados para que la policía municipal de Villa de Guerrero se abstenga de amenazar o provocar violencia.
“Nosotros como comunidad, hemos estado dispuestos a escuchar y a dialogar para construir la justicia y la paz en todas las localidades, parajes y predios de nuestra comunidad, pero no daremos un paso atrás en la defensa de la tierra”, concluye su mensaje.
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Despojo territorial
La comunidad autónoma de San Lorenzo Azqueltán, de habitantes wixaritari y tepehuanos, ha sido constantemente presionada para despojar sus tierras desde que comenzaron a recuperar legalmente su territorio ancestral.
En 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (Cedhj) emitió un pronunciamiento a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco y al ayuntamiento de Villa Guerrero, debido a la agudización de la violencia por los problemas agrarios.
La Cedhj precisó que se debía instruir a la Dirección de Asuntos Agrarios para que se abstuviera de emitir nuevos títulos de propiedad dentro de la superficie de 38 mil 240 hectáreas, que se encuentra en litigios ante la autoridad agraria y son parte central del conflicto.
