La diputada Maribel Martínez Ruiz y el diputado Benjamín Robles Montoya, del PT, buscan incluir en la legislación “la desocupación por la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja”, entre las órdenes administrativas de protección a la mujer víctima de violencia.
La iniciativa que propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para facultar a las autoridades administrativas para que ordenen y garanticen que el agresor abandone el domicilio y se asegure el cese de la violencia, así como la no revictimización de la mujer, hijos e hijas.
Esta fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen, para garantizar protección a la mujer víctima de violencia aún en los casos en los que el agresor acredite la propiedad o posesión del inmueble.
Los diputados coincidieron que en México la violencia familiar está reconocida en el marco jurídico nacional y las acciones para erradicarla; sin embargo, los esfuerzos institucionales no han logrado permear la esfera social a la profundidad y al ritmo necesario.
Expusieron que estas modificaciones legislativas tienen el único objetivo de proteger a la mujer y a sus hijas e hijos, dado que en muchos casos se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad por no tener ingresos suficientes para dejar el domicilio conyugal o de pareja.
Señalaron que las órdenes de protección son un mecanismo fundamental para prevenir la violencia y brindar apoyo a las víctimas, permiten detener el ciclo de abuso y establecen barreras legales que impidan que los agresores se acerquen a las víctimas. Además, ofrecen un espacio seguro para que las personas afectadas puedan reconstruir sus vidas y las empoderan para que denuncien sin temor a represalias.
