El Consejo Universitario de la BUAP ratificó a Miriam Olga Ponce Gómez como abogada general para el periodo de 2023 al 2027, cargo en el que estaba como encargada de despacho desde marzo de 2022, donde sumó 64 investigaciones por violencia de género y 75 a trabajadores por quejas.
Lo anterior, durante la primera sesión extraordinaria del consejo, la cual estuvo encabezada por la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), María Lilia Cedillo Ramírez, quien la propuso para dicho cargo y que fue ratificada por 215 votos.
Al hacer uso de la palabra, la rectora reconoció la labor que Ponce Gómez desempeñó como abogada general sustituta, tras la renuncia de Rosa Isela Ávalos Méndez, pues durante el último año se dieron diversos asuntos rezagados de la institución que fueron solucionados, incluso de hace varios años que estaban sin resolverse.
“Ella y el equipo que lidera se han enfocado a la solución de los conflictos, quiero también comentarles que va seguir, seguramente trabajando en esa línea, en este periodo de 4 años logrará sacar adelante los problemas que nos atañen en el día a día y aquellos que nos preocupan del pasado”, asentó.
En la misma sesión, la abogada general al rendir su informe dio a conocer que durante el 2022 hubo 64 investigaciones relacionadas con violencia de género, de las cuales 14 fueron acoso sexual, 13 por ciberacoso, nueve por violencia física y nueve por violencia sexual y violación a la intimidad, nueve por violencia física, siete por lesiones, seis pro agresiones verbales y violación a la intimidad, cinco por abuso sexual y una por discriminación.
Detalló que, del total, 49 fueron presentadas por mujeres contra hombres y 14 por hombres contra mujeres y una por una persona asexual contra ambos géneros; esto dio como resultado la sanción a 20 estudiantes, 10 fueron suspendidos temporalmente, nueve recibieron capacitación sobre violencia de género y uno fue amonestado por escrito.
Agregó que se realizaron 22 investigaciones administrativas relacionadas con discriminación y violencia de género, 21 casos fueron por hostigamiento y uno de ellos fue por discriminación, por lo que impusieron 13 sanciones en cinco casos se terminó la relación laboral y suspensiones.
Además de 75 indagatorias en contra de trabajadores por quejas de la comunidad universitaria, por lo que se aplicaron sanciones por escrito como 18 extrañamientos, 17 amonestaciones, 13 terminaciones de relación laboral; cuatro suspensiones temporales, 18 sin materia de sanción y cinco con terminación de relación laboral por jubilación.
En 2022, Defensoría registra 119 quejas
Por su parte, el maestro José Francisco Ávila Caso, al dar a conocer su informe al frente de la Defensoría de Derechos Universitarios, indicó que las quejas se incrementaron en 376 por ciento, ya que de 25 que hubo en el 2021, pasaron a 119 para el año pasado, lo que representa 94 casos más, lo cual se debió a la pandemia del Covid-19.
Refirió que, del total, se atendieron 83 que fueron presentadas por mujeres y 36 fueron hombres; de las cuales 81 fueron directamente de alumnos, 22 de trabajadores académicos y las otras 16 de trabajadores no académicos.
Como parte de la resolución por tipo y género, en cuatro no existió violación de los derechos universitarios, en 34 casos fue pretensión cumplida, en 20 se registró conciliación, en 24 existió falta de interés jurídico, 19 fueron por conocimiento de otra instancia y 17 están en trámite y en un caso desistió.
