Hace casi siete años, Keren Selsy Ordóñez Hernández fue detenida arbitrariamente, torturada y condenada a 50 años de prisión, pese a que no cometió secuestro, como la acusaron; asimismo, ha sido víctima de prácticas discriminatorias, señaló la Ibero.
Así lo recordó Rosario Arrambide, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), durante el conversatorio “La tortura y violencia de género en el sistema de justicia”, donde destacó que el caso pone en discusión la carente perspectiva de género del sistema de justicia mexicano, toda vez mientras su expareja fue liberado cinco años después de la detención, ella sigue presa pese a que no cometió ese crimen.
Fue el 11 de diciembre de 2015 cuando la joven acudió a un encuentro con el padre de su hija recién nacida para que le diera la manutención de la pequeña, sin embargo, al lugar llegaron vehículos no identificados con personas armadas que procedieron a detenerla de forma arbitraria junto con su hija.
Desde el primer momento fue víctima de diversas violaciones a los derechos humanos. Fue golpeada, asfixiada y amenazada con hacerle daño a su hija por quienes supo después, eran policías federales y elementos de la policía ministerial de Tlaxcala. Keren también fue amedrentada durante casi 11 horas para que se auto inculpara por el delito de secuestro.
La menor fue separada de su madre desde el primer momento, y pasaron 14 días hasta que pudo encontrarse de nuevo con su familia en el Sistema Estatal DIF de Tlaxcala con heridas que eran probablemente de sarna y con una desnutrición importante, ya que ni siquiera permitieron a Keren darle de comer.
Posterior a ello, fue discriminada en razón de género, ya que su condena fue más elevada en comparación a la de su expareja, quien cinco años después fue puesto en libertad. Keren recibió una condena de 50 años por un crimen que no cometió.
Como afirmó Melissa Zamora Vieyra, abogada acompañante en el caso y representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Cetro Prodh), la vida de Keren se vio vulnerada incluso desde antes de su detención arbitraria, siendo víctima de violencia económica por parte de su expareja.
Keren lleva siete años privada de su libertad, y hasta hace un año, no tenía acceso a una defensa digna para su caso. En 2022 el Centro Prodh, tomó su caso para garantizarle justicia y verdad después de una larga espera.
Ante los hechos, acusaron que las autoridades del estado de Tlaxcala cometen simulación al momento de cumplir con los marcos normativos internacionales, pues incluso si elementos de seguridad actúan fuera de la norma, no se les sanciona o capacita para corregir estas malas prácticas.
A esto se suma un machismo instaurado en el sistema de justicia, que sigue dando pie a la estigmatización por razón de género, y a la criminalización de las mujeres, que, en el caso de Keren, se le exhibió en medios de comunicación como una secuestradora.
Este estigma también es cargado por las familias, y sobre todo los hijos o hijas de las reclusas, comentó Tania Ramírez Hernández, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
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