La Secretaría de Economía (SE) federal determinó que no es factible la entrega de concesiones mineras en la comunidad de Tecoltemi, perteneciente a Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, en cumplimiento de la sentencia de la SCJN de 2022 para reponer el proceso.
De acuerdo con Mariana Gurrola, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, que en conjunto con la comunidad nahua de Tecoltemi y la Unión Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida, así como con el Consejo Tiyat Tlali, informará en rueda de prensa en la Ciudad de México, dicha resolución.
“Como parte de la ejecución de la sentencia de la SCJN que emitió el año pasado, estábamos en espera de la decisión de Secretaria de Economía sobre la factibilidad o no de las concesiones. Ya notificó que no es factible”, explicó.
Y es que el 16 de febrero del año pasado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 134/2021, contra dichos permisos y la Ley Minera, determinando por unanimidad, que en la emisión de las dos concesiones mineras impugnadas fue violado el derecho a la consulta y al consentimiento de la comunidad nahua.
En el proyecto de sentencia propuesto por el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, se determinó ordenar a la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Regulación Minera, dejar insubsistentes dichos títulos de concesión y “emitirlos nuevamente”.
Por lo anterior, las dos concesiones que se otorgaron a la canadiense Almaden Minerals, a través de su filial Minera Gorrión, por parte del gobierno de México (Cerro Grande) en 2003 y (Cerro Grande 2) en 2009, que juntas sumaban 14 mil 229 hectáreas, fueron canceladas por que no hubo consulta.
Dicho proyecto minero de Ixtaca consistía en abrir una mina de cielo abierto para extraer oro y plata. Sin embargo, los pobladores de Tecoltemi promovieron desde 2015 un amparo argumentando que se verían afectados y se quedarían sin agua para los campos de cultivo.
Artículos de Ley Minera siguen vigentes
Con dicho recurso, Nicéforo Lobato Martínez, Fidencio Romano Romano y Leoncio Lobato Martínez, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal de Tecoltemi y representantes de la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemi, buscaban declarar la inconstitucionalidad de cuatro artículos de dicha ley.
Sin embargo, los ministros los dejaron intactos, y es que en estos ordenamientos se establece que la actividad minera es “preferente sobre cualquier otro uso del terreno”, por lo que los demandantes consideraron que abren la puerta a violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.
Es de mencionar que, desde el principio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que durante su administración no se han entregado ni se darán concesiones mineras, aunque igual dijo que no se cancelarán las ya existentes.
