En Puebla, buscan elevar de 2 a 8 años de prisión y una sanción de hasta 200 UMA, es decir, de 19 mil 244 pesos contra quien cometa el delito de violencia familiar contra personas discapacitadas y mujeres en periodo de gestación, y sea catalogado como agravante del delito.
Lo anterior, a iniciativa del diputado morenista, Eduardo Castillo López, durante la sesión ordinaria de este jueves en donde propuso reformar los párrafos tercero y cuarto del artículo 284 BIS del Código Penal del estado.
El legislador refirió que esta reforma la impulsa porque al cierre del año pasado, de acuerdo con datos del DIF Municipal, sólo en la capital se registraron 126 denuncias por este delito, por ello es que se pretende que quede establecida como una agravante en la legislación.
En el caso especificó de las mujeres embrazadas, dijo, la violencia proviene de sus parejas, quienes hacen ataques a su autoestima con insultos verbales, amenazas, golpes, agresiones con armas blancas, disparos e incluso violaciones.
Además, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 18.6 por ciento de las poblanas en gestación que han sido atendidas reconocieron que son o fueron víctimas de violencia familiar, por lo que es necesario que se tengan sanciones para ello.
Por ello, la reforma plantea que “a quien cometa el delito de violencia familiar, se le impondrán de 2 a 8 años de prisión y multa de 50 hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el momento de la comisión del delito, es decir, de 4 mil 811 a 19 mil 244 pesos.
Estará sujeto a tratamiento integral
Además, estará sujeto a tratamiento integral para su rehabilitación por un tiempo que no rebase la sanción privativa de la libertad que se haya impuesto, así como la pérdida de la patria potestad, de los derechos hereditarios y de alimentos.
La penalidad se aumentará hasta en una mitad, en caso de que la víctima sea mayor de 70 años, o que sea una niña, niño o adolescente, persona con capacidades diferentes, o mujer en periodo de gestación.
La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva del Congreso local a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y, en su caso, aprobación.
Buscan que escuelas tengan sistema de emergencia
Por otra parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Fernando Morales Martínez, presentó una reforma para que sea obligatorio que todas las escuelas de los diferentes niveles en los 217 municipios del estado cuenten con un Sistema de Seguridad Escolar de Emergencia para Desastres Naturales.
Al hacer uso de la palabra, el legislador manifestó que si bien la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con un protocolo para este fin, no obliga a las instituciones educativas a tenerlo, dejando vulnerables a los estudiantes en caso de alguna emergencia.
Sostuvo que este problema se hace evidente cada vez que hay un sismo, cuando todos los padres de familia, trabajadores o no, buscan moverse de inmediato para conocer las condiciones en las que se encuentran sus hijos, colapsando así las calles, mientras se desconoce si se está resguardado los alumnos.
Por ello, propuso reformar los artículos 3, 78, 80, 81 y 125 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, para que todos los directivos de las escuelas se vean obligados y forzados a tener estos protocolos.
R: DJ
