De 2019 a lo que va del año, en Puebla se han registrado 32 mil 475 denuncias por delitos familiares, de las que 29 mil 638 (91.2 por ciento) son por violencia; en el Congreso local, proponen colocar brazaletes de localización a quienes agredan a mujeres.
Esto, de acuerdo con la iniciativa de la diputada morenista, Karla Victoria Martínez Gallegos, para adicionar el artículo 29 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia de Puebla, presentada en la sesión ordinaria del jueves pasado.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que este sería una medida cautelar y de protección más a favor de la afectada, la cual se hará a través de solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, por lo que será emitida el juez que lleve el caso correspondiente.
Detalló que con esto no sólo se busca protegerlas a ellas, sino también a los menores que sufren violencia familiar, ya que es necesario que se implementen medidas más, así como reducir y, en su caso, erradicar este delito es a través del uso de dispositivos electrónicos como brazaletes o localizador geo localizadores
En la iniciativa, se refiere que, de acuerdo con cifras emitidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2019 se presentaron 9 mil 636 denuncias por delitos relacionados contra la familia, de las cuales 9 mil 77 fueron por violencia, que es el 94.2 por ciento, y los restantes por incumplimiento de obligaciones.
En 2020, los delitos denunciados se despuntaron, con 10 mil 149 querellas presentadas de las cuales 9 mil 124 fueron por violencia familiar, que corresponde al 89.9 por ciento; 273 por incumplimiento de obligaciones alimentarias y 752 con otras prácticas relacionadas.
Para el 2021, fueron 9 mil 645 denuncias iniciadas por el delito de violencia familiar, de los cuales 8 mil 717 fueron por violencia, que equivale al 90.4 por ciento, 291 fueron por el incumplimiento de obligaciones y 637 por delitos diversos cometidos en agravio de la familia.
Mientras que en lo que va del año, se tienen registradas 3 mil 45 carpetas de investigación, de los que 2 mil 720 fueron por agresiones, que significa el 89.3 por ciento, y las 325 denuncias restantes fueron por otros delitos relacionados con la familia.
Monitoreo las 24 horas del día
Ante este escenario, Gallegos Martínez propuso adicionar el artículo 29 Bis de dicha ley para que “cuando las circunstancias lo permitan y con el fin de garantizar la efectividad de las órdenes de protección, la autoridad correspondiente podrá decretar el uso de brazaletes localizadores u otros mecanismos o tecnologías de monitoreo o geolocalización por parte de los presuntos agresores y, en su caso, a costa de estos”.
Explicó que, al imponerse esta medida, lo que se busca es establecer un sistema de monitoreo, alerta y localización georreferenciada entre la persona denunciada y la autoridad competente a fin de detectar en forma inmediata si se vulnera la prohibición de acercamiento.
En caso de que el agresor no respete el rango, se enviará la alerta correspondiente al centro de monitoreo para otorgar mayor resguardo y protección a las personas en situación de violencia, imputando sobre el victimario la carga de tener que ser él quien deba cuidarse.
De igual forma, se busca que el sistema tecnológico que se utilice tenga que estar adherido al cuerpo de la persona denunciada y sólo podrá ser removido o apagado por resolución judicial fundada.
Agregó que los brazaletes permitirían vigilar por 24 horas al presunto agresor, con la finalidad de cumplir eficazmente las órdenes de protección, toda vez que también se daría una completa certeza a las víctimas sobre la garantía de su seguridad, por lo que fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis.
R: DJ
