Tras el análisis de la reforma constitucional al Poder Judicial de Puebla, diputados aprobaron un dictamen que elimina el inicio del proceso de remoción de magistrados a partir de denuncias ciudadanas; en cambio, se garantizará paridad en la conformación de todos los órganos.
Lo anterior fue aprobado este martes durante la sesión de comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Administración y Procuración de Justicia, en donde se integraron varias de las propuestas presentadas por las bancadas del PAN y el PRI.
Eduardo Alcántara Montiel, coordinador de los diputados panistas en el Congreso local, explicó que se dio consenso para que avanzaran la reforma que mandó hace dos semanas el gobernador Miguel Barbosa Huerta, ya que igual se hará una evaluación general al desempeño del Poder Judicial y no solo del desempeño particular de los magistrados.
Aunque el diputado morenista Iván Herrera Villagómez propuso que se redujera a 6 años el periodo en el que estén los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), está opción no fue considerada, por lo que se mantuvo el planteamiento inicial de la reforma de 15 años.
En ese tenor, otros de los cambios que se dieron durante la sesión fue que se mantendrá la autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), para que su independencia no solo tenga alcance en materia de resoluciones, sino también en el aspecto presupuestal.
Además de que, para la conformación del Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa, el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Sala Constitucional, es decir las áreas que forman el Poder Judicial, se tendrá que garantizar la paridad de género.
Se incorporó el concepto de tener un mecanismo de control de constitucionalidad, a partir del cual se podrán controvertir todos los acuerdos en actos de autoridad de los ayuntamientos que sean violatorios a la Constitución local, ya sea a petición del alcalde o de las dos terceras partes de los regidores.
Así como se estableció que, para la presentación de controversias en materia constitucional local, se necesitará el 0.05 por ciento de las firmas ciudadanas que, con el padrón electoral vigente serían 2 mil 352.
Consejo de la Judicatura investigará a jueces
De igual forma, se eliminó el poder iniciar un proceso de remoción de un magistrado ante una denuncia ciudadana, y en su lugar de esto se determinó el inicio de un proceso de investigación, para que en caso de que se trate de la falta de un juez este sea resuelto por el propio Consejo de la Judicatura y si fuera un magistrado entonces el Congreso tendrá que aplicar la sanción bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Se determinó un plazo de 180 días para que se revise en todas las áreas los posibles conflictos de interés en la conformación del Poder Judicial, para que, en caso de que hubiera una responsabilidad administrativa se desahogue en base a la ley en la materia.
También se eliminó la propuesta para la creación y operación de un Comité de Implementación y, en lugar de eso, el seguimiento a la aplicación de la reforma se hará desde el Consejo de la Judicatura revisando a cada una de las áreas del Poder Judicial para que este entregue al Congreso local un informe del actuar de las mismas.
Además, se aprobó que el gobernador en turno enviará las ternas cuando haya alguna vacante en el TSJ, pero si no se aprueba por las dos terceras partes de los diputados y, en caso de que no se alcance, se regresará para que proponga otra en un tiempo no mayor a 30 días.
Sin embargo, en caso de no aprobar los nombramientos con las dos terceras partes en la segunda terna que sea propuesta, el titular del Poder Ejecutivo tendrá la facultad de hacer la designación de manera directa sin aprobación del Congreso.
En tanto, el presidente del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el presidente de la Mesa Directiva, Néstor Camarillo Medina, manifestaron que está reforma “será una de las más importantes” de la actual Legislatura.
LPR
