La reforma al Poder Judicial enviada al Congreso de Puebla por el gobernador Miguel Barbosa Huerta plantea que los magistrados y jueces que cometan corrupción podrán ser destituidos por el Legislativo, a solicitud ciudadana, así como la creación de una Sala Constitucional.
Esto, de acuerdo con el documento que envió el mandatario poblano con el cual busca, entre otros puntos, mejorar el sistema de justicia en el estado, garantizar su aplicación y terminar con los casos de tráfico de influencias que se dan en este sector.
Como parte de la reforma se establece que para la consolidación de la función judicial es “imprescindible” el balance entre independencia y legitimidad democrática y compatibilizar dichos principios impone como exigencia institucional que los órganos que ejercen esa función para la paz social y el orden público no estén sometidos o subordinados, de iure o de facto, a la intervención de otro poder ni a intereses parciales o a privados.
Además de que su actuación cotidiana esté permanentemente orientada a satisfacer las necesidades, expectativas y demandas de la sociedad, para que la autoridad judicial aplique la ley sin interferencias de terceros y vele por la garantía plena de los derechos de todos.
En ese tenor, como parte de las reformas permite la remoción de magistrados y consejeros de la Judicatura por parte del Congreso si incurren en denegación de la justicia, por incumplir de forma dolosa a los supuestos de impedimento judicial o violar las reglas de conflicto de interés.
La solicitud para ello podrá ser presentada por cualquier ciudadano y tendrá que ser por las dos terceras parte de los presentes en el pleno, tal y como se hace con su designación. Este procedimiento será independiente al juicio político previsto en esta Constitución.
Además de que, para evitar algún acto de corrupción, abuso o tráfico de influencias, los magistrados, consejeros de Judicatura y jueces, tendrán prohibido reunirse “con las partes o sus representantes o apoderados fuera de los recintos o diligencias judiciales para tratar los asuntos jurisdiccionales en los que participen”, es decir, fuera de las instalaciones.
Crea Escuela de Formación Judicial
También se establece que se creará la Escuela Estatal de Formación Judicial, que dependerá del Consejo de la Judicatura, con el objeto de formar, capacitar, evaluar, supervisar y certificar a los órganos jurisdiccionales municipales encargados de administrarla.
Además de que los jueces serán nombrados por concurso de oposición, cuyos lineamientos para la realización del mismo estarán a cargo del Consejo de la Judicatura, el cual tiene ser previo acuerdo plenaria y pertenecerán a la carrera judicial y no podrán ser separados de su encargo, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en ley.
Y se obliga a los servidores públicos del Poder Judicial a informar sus parentescos consanguíneos de hasta cuarto grado, que tengan con otros integrantes del TSJ, mediante una declaración pública de intereses, con lo que se evitarán conflictos de intereses y nepotismo.
También, serán responsables por gestionar nombramientos o promociones para familiares o personas cercanas a ellos, toda vez que estarán obligados a presentar su declaración de situación patrimonial.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de la Sala Constitucional y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) durarán en su encargo 15 improrrogables, cuya designación corresponderá al Congreso local por mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes, a propuesta del gobernador.
La reforma igual establece que el TJA y la Defensoría Pública, que actualmente depende del Ejecutivo, estarán adscritos al Poder Judicial, como ya lo había adelantado el mandatario, aunque el primero de estos estará dotado de plena autonomía para dictar sus resoluciones.
Sala Constitucional autónoma
Así como la creación de la Sala Constitucional que “gozará de autonomía de jurisdicción en la resolución de los asuntos de su competencia” para resolver las acciones de inconstitucionalidad y estará integrada por cinco magistrados, quienes nombrarán a su presidente por un periodo de 4 años, sin posibilidad de reelección.
Situación similar para el Consejo de la Judicatura, ya que se plantea que tendrá que estar integrado por cinco miembros, de los cuales uno será nombrado por el gobernador, dos por mayoría de las dos terceras partes el poder Legislativo, al menos uno deberá con carrera judicial y los otros dos por el pleno del TSJ, uno de ellos deberá ser juez en funciones. Estarán por 6 años y el presidente 4 años, quienes no tendrán posibilidad de reelección.
Como parte de las reformas, se crea una Sala Especializada con competencia exclusiva en materia de responsabilidades administrativas, que se encargará de vigilar el comportamiento de magistrados, jueces y todos los integrantes del Poder Judicial.
Mientras que el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá por nueve magistrados y ya no se siete como está actualmente, el cual será presidida por uno de sus miembros nombrado por mayoría simple de los mismos, por un periodo improrrogable de 4 años, sin probabilidad de reelección.
Centro de Justicia Alternativa
De igual forma se crea el Centro de Justicia Alternativa, que será un órgano desconcentrado del Tribunal Superior de Justicia, por lo que el titular será nombrado por el Consejo de la Judicatura y durará 6 años sin reelección.
Además de que se abre la puerta para la destitución de Héctor Sánchez Sánchez, al frente del TSJ, pues señala que “los presidentes del Poder Judicial, la Sala Constitucional, el TJA y del Consejo de la Judicatura, podrán ser removidos de su cargo, mediante el mismo procedimiento y la misma mayoría necesaria para su nombramiento”.
En su reforma el gobernador detalló que se busca que la función judicial se regirá por los principios de honestidad, imparcialidad, independencia, legalidad, publicidad, rendición de cuentas y transparencia, por lo que los órganos en la materia deberán garantizar que la justicia sea accesible, pronta, completa, gratuita, intercultural y con perspectiva de género, y que las actuaciones judiciales serán públicas, salvo las excepciones que prevea la ley.
LPR
