Las 80 empresas del sector textil que firmaron el convenio con el gobierno estatal tendrán seis meses para regularizar sus asuntos administrativos y hasta un año para ejecutar acciones de infraestructura y garantizar el tratamiento de aguas residuales y sus descargas.
Así lo señaló en entrevista tras la ceremonia conmemorativa por el CXII aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, quien detalló que igual fueron diez municipios los que se sumaron, entre ellos Puebla y Huejotzingo.
Calificó como “buena respuesta”, ya que las empresas fueron de varias regiones el estado y de todos los tamaños, ya que no solo fueron en la Cámara de la Industria Textil (Cetix) Puebla-Tlaxcala, sino también de compañías que no están afiliadas a este gremio.
Indicó que la idea es que cada vez se sumen más municipios, ya que un tramo es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero la mayor parte es de los ayuntamientos.
En el caso de los que se sumaron al convenio fueron los municipios de San Pedro Cholula, Puebla, Huejotzingo, Teziutlán, Tehuacán, Santiago Miahuatlán, Juan C. Bonilla y de San Salvador El Verde y San Martín Texmelucan.
Indicó que de acuerdo con la Ley Nacional de Aguas, que es general con atribuciones a las autoridades, se concentra en los municipios y la Conagua los permisos para las descargas residuales de las empresas.
“Fue muy positivo que se hayan adherido al convenio las empresas, que asumen tomar la responsabilidad del compromiso que tiene que es verificar que a sus drenajes el agua que llegue con la norma oficial mexicana”, asentó.
Hay recomendación desde 20217
Es de mencionar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta el jueves durante la firma de dicho convenio dijo que enviará reformas a la Ley Estatal de Aguas, con el fin de obligar a los ayuntamientos que cumplan con las verificaciones de las empresas que descargan en el río Atoyac.
Cabe recordar que en el 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10/2017 dirigida a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, así como a autoridades federales y municipales por ser “omisos” ante la contaminación por aguas residuales del río Atoyac, con lo que se viola los derechos humanos de habitantes.
